Una sentencia condena a 1.100 familias de Leganés a pagar el asfaltado del barrio
Unas 1.100 familias de Leganés (173.000 habitantes) han recibido en los últimos días una inesperada noticia. El Juzgado número 10 de Madrid les reclama en una cédula de requerimiento unas 180.000 pesetas a cada familia por una deuda pendiente con la constructora Palsa, que urbanizó en 1991 el barrio de Valdepelayos, donde viven. Los vecinos deben aportar ocho años después de acabadas las obras los 80 millones que dejaron a deber a la constructora y otros 80 millones más en concepto de costas e intereses.
Los afectados consultados por este periódico estaban convencidos de que el barrio había sido recepcionado hace años por el Ayuntamiento de Leganés y, por tanto, ya no eran ellos responsables de la antigua deuda.
En 1994, el Juzgado número 10 de Madrid condenó a Pavimentos Leganés (Palsa), que había sido denunciada por la Junta de Compensación de Valdepelayos, a pagar el 50% de las obras por "los vicios, defectos y posibles desperfectos" de la urbanización. La Junta de Compensación, la denunciante, fue a su vez condenada a satisfacer a Palsa 47 millones por los trabajos efectuados. Pero la Junta no se quedó satisfecha y recurrió ante la Audiencia Provincial, que la condenó a pagar la otra mitad de la obra.
Recurso por "indefensión"
Los vecinos de Valdepelayos recurrirán el fallo de la Audiencia
La presidenta de la asociación de vecinos de Valdepelayos, Pilar Almonacid, adelantó que recurrirán la sentencia por "indefensión", ya que los vecinos alegan que nadie les ha dado opción a estar presentes en la causa como parte interesada, informa F. Javier Barroso. "Sin decírselo a nadie, y de repente, nos hemos encontrado con que tenemos que pagar 160 millones de pesetas. Ahora, los vecinos se encuentran con la desagradable sorpresa de que tienen que pagar por unas obras que se llevaron a cabo hace ya mucho tiempo", señaló la presidenta. El edil de Urbanismo, Álvaro Couso, del PSOE, explicó que el Ayuntamiento recibió las obras de urbanización porque los técnicos municipales firmaron un dictamen favorable. "El Ayuntamiento nunca puede ser responsable porque no interviene en su pago. Una cosa son las obras y otra muy distinta las deudas que tenga la entidad urbanística que contrató con terceros", señaló el concejal de Urbanismo.
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