200 expertos concluyen en la necesidad de acabar con el precio "político" de la cultura

Los cerca de 200 asistentes a las segundas jornadas sobre iniciativa privada y sector público de la gestión de la cultura, que concluyeron ayer en Vitoria, han coincidido en la reivindicación del valor intrínseco de la cultura, la inutilidad de los precios políticos de los hechos culturales y el establecimiento de un diálogo entre los sectores público y privado a la hora de afrontar sus costes. Los organizadores se han comprometido a convocar la tercera edición de las jornadas para dentro de dos años, dado su éxito.

Los congresistas, profesionales vinculados a distintas empresas e instituciones relacionadas con la gestión cultural, han debatido durante tres días acerca del valor, precio y coste de la cultura, términos todos ellos poco relacionados en principio con el asunto de debate. La clausura, en cambio, poco tuvo que ver con los aspectos pecuniarios. Los organizadores -la empresa alavesa Xabide, Gestión Cultural y Comunicación- habían encargado al escritor Luis Racionero que disertara acerca de los valores de la cultura, en cuanto normas e ideales que rigen en cualquier sociedad civilizada. Fue la excepción de tres días dedicados al estudio de cuestiones más prácticas. "Eso sí, ha quedado clara una reivindicación del valor intrínseco de la cultura que, efectivamente, tiene un impacto económico, pero que no es propiamente su valor", explicó Roberto Gómez de la Iglesia, presidente de las jornadas. Para este experto, es imprescindible el fomento de la diversidad cultural en cuanto supone multiplicidad de valores, "lo que es básico para el desarrollo de una colectividad". Pero todo esto tiene un coste, que los expertos presentes en Vitoria no han eludido. Gómez de la Iglesia considera que de lo que se ha hablado estos días se puede concluir que "los ámbitos privado y público se deben repartir las tareas culturales, quedando para este último los aspectos más relevantes destinados a los cambios de hábitos y al fomento de los valores ciudadanos, mientras que la iniciativa privada se encargaría más del día a día". Es decir, que las instituciones públicas se encargarían de lo que supone más costes, "aunque no significa que no se controlen", añadió. Donde sí hubo debate fue en el controvertido precio de los actos culturales. Gómez de la Iglesia considera que, después de años aplicándose un precio político a los eventos, sobre todo a los espectáculos, no se ha llegado a la conclusión de que beneficien a las capas más desfavorecidas. Según el presidente de las jornadas, "los precios baratos lo que hacen es subvencionar a sectores que tienen capacidad adquisitiva para pagar más por ese evento". En el fondo subyace el manido asunto de la competencia desleal del sector público al privado. "El replanteamiento de los precios de las ofertas culturales públicas contribuiría al asentamiento de la iniciativa privada en este campo", concluyó Gómez de la Iglesia.