El fiscal solicita 34 años de prisión para Gil por la publicidad en las camisetas del Atlético

La Fiscalía Anticorrupción hizo público ayer su escrito de acusación contra el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, para el que pide un total de 34 años y 2 meses de prisión y más de 2.000 millones de pesetas en multas. El fiscal enfrió los resultados electorales que revalidan al GIL la mayoría absoluta en Marbella con un acta en la que acusa al reelegido alcalde de delitos de falsedad, tráfico de influencias, prevaricación y malversación por haber enajenado parte del patrimonio de Marbella en favor de su club.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal Carlos Castresana afirma que Gil inventó en 1993 unos contratos para evitar el descenso de su equipo a la Segunda División B del fútbol. La Fiscalía está convencida, por múltiples declaraciones del acusado, de que la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93, había sido desinteresada. Los contratos, por los que el Ayuntamiento de Marbella pagó 450 millones de pesetas, se "confeccionaron" después del 30 de junio de 1993, fechándolos en 14 de julio de 1991 y 21 de julio de 1992. Con estos documentos, el Atlético de Madrid evitó su disolución como sociedad anónima deportiva y su descenso a la Segunda B: "El cierre contable del ejercicio, en junio de 1993, arrojaba un saldo negativo y así se lo hizo ver el auditor al presidente del Atlético de Madrid". El escrito de acusación insiste en que el Ayuntamiento "no fue consultado ni prestó su autorización para la elaboración de estos contratos", y añade que los acusados "mantuvieron el crédito de 450 millones oculto para la contabilidad municipal y la Hacienda Pública". El reconocimiento de la deuda se produjo el 22 de agosto de 1994, pero "no fue comunicado al Pleno y tampoco se dejó constancia alguna en los archivos municipales".

El fiscal añade que el interventor del Ayuntamiento "elaboró un informe el 26 de diciembre de 1995 constatando que no existía antecedente alguno en los archivos municipales" de estos contratos que se pagaron definitivamente en diciembre de ese año.

Castresana sostiene que en junio de 1992 Gil suscribió el 63% del capital social del Atlético de Madrid con un crédito de 1.300 millones de pesetas, "que no tenía ni estaba en condiciones de aportar". El préstamo se lo hizo la entidad Dorna Promoción del Deporte, SA, de la que era presidente el también acusado José Ramón Guimaraens y en la que tenía una participación mayoritaria Banesto.

Tres días más tarde Guimaraens "indicó a Gil la conveniencia de que asumiese el pago de una deuda que Dorna tenía contraída con el Joventut de Badalona", el patrocinio del club de baloncesto en la temporada 1992-93 por valor de 200 millones de pesetas.

La publicidad se hizo, pero "no se firmó documento alguno, ni hubo contrato". Esta deuda no fue pagada en su vencimiento. En diciembre de 1997 el acusado Julián Muñoz Palomo, actuando como alcalde accidental, reconoció una deuda de 250 millones "acordando que el Ayuntamiento cedería a Dorna la propiedad de dos inmuebles de titularidad municipal en Marbella".

El fiscal también acusa a Gil de haber firmado, en agosto de 1992, un contrato de patrocinio del Betis por 40 millones de pesetas, "careciendo de poderes y facultades legales para ello". El Ayuntamiento no fue consultado, ni autorizó dicha exhibición publicitaria.

Otra operación denunciada por la Fiscalía Anticorrupción es el fichaje del jugador del Sevilla Simeone en junio de 1994. El Sevilla pedía 600 millones de pesetas, pero el Atlético sólo pagó 465. Para "solventar las diferencias económicas que separaban lo ofrecido por el Atlético y lo demandado por el Sevilla se firmó un contrato de patrocinio entre este último club y el Ayuntamiento de Marbella por 120 millones de pesetas".

El fiscal acusa a Gil de dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil, cinco de tráfico de influencias, cinco de prevaricación y cinco de malversación, por los que pide un total de 34 años y dos meses de prisión, más de 121 años de inhabilitación para cargo público, una multa de 2.060 millones y una indemnización al Ayuntamiento de Marbella de 1.210 millones. También pide 27 años de cárcel para su hijo Miguel Ángel Gil Marín, gerente del Atlético de Madrid.