Justicia póstuma para los Románov

El pasado 17 de julio, el presidente Borís Yeltsin proclamaba ante la tumba del último zar y su familia, ejecutados 80 años antes por los bolcheviques en Yekaterimburgo, que toda Rusia era culpable de su muerte, incluido él mismo. Pero no todos los miembros de la familia reinante que se enfrentaron en esos turbulentos tiempos revolucionarios al mismo destino fatal que NicolásII y los suyos han recibido un entierro tan honorable como el de los huesos de éstos en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Pese a todo, se va haciendo justicia, aunque sea póstuma: un gran duque y tres príncipes Románov acaban de ser rehabilitados. La decisión ya está tomada, aunque no se anunciará hasta la semana próxima. En plena furia revolucionaria, los bolcheviques se deshicieron entre 1917 y 1919 de ocho de los 16 grandes duques, cinco de las 17 grandes duquesas y cuatro príncipes de sangre real. Los restos de la mayoría de ellos no han sido localizados, como los del gran duque Pável Alexandróvich, hijo del zar Alejandro II (emancipador de los siervos y muerto en un atentado terrorista en 1881) y tío de Nicolás II, y los de los príncipes Georgui Mijáilovich, Dmitri Constantínovich y Nikolái Mijáilovich.

Los cuatro fueron ejecutados en el patio de la fortaleza de Pedro y Pablo, a escasos metros de donde hoy yacen los huesos, identificados tras una laboriosa y polémica investigación, de Nicolás II, la emperatriz Alejandra, las hijas de ambos (las grandes duquesas Olga, Tatiana y Anastasia), un médico, un cocinero, un ayuda de cámara y una doncella. Siguen sin localizar los restos del zarévich Alexéi y de la gran duquesa María.

En ese patio, la "justicia revolucionaria" se cobró la vida de centenares, tal vez miles, de personas, sepultadas luego en fosas comunes. Fueron tantas que resulta materialmente imposible la labor de identificación. Estos cuatro Románov fueron ejecutados en enero de 1919 por el único "delito" de ser quienes eran, y porque su sangre azul, que resultó tan roja como la de la bandera de sus enemigos, les convertía en "enemigos del pueblo".

Uno de los príncipes, Nikolái Mijáilovich, era un conocido historiador de talante liberal, y el escritor Máximo Gorki intercedió por su vida ante Lenin. El fundador del Estado soviético negó el perdón con estas palabras: "La revolución no necesita historiadores".

Ahora, sin embargo, los cuatro son objeto de un acto de justicia que, aunque con 80 años de retraso, o tal vez por eso, se convierte en símbolo de cómo Rusia intenta cerrar las heridas de su historia reciente, aun a costa de abrir otras nuevas. La comisión especial para la rehabilitación de las víctimas de la represión comunista, dependiente de la fiscalía general, les ha absuelto de la sentencia dictada por la Cheka (la policía política bolchevique antecedente del KGB). Vladímir Soloviov, fiscal que se ocupa del caso, ha declarado a EL PAÍS que la decisión está tomada y que se anunciará dentro de unos días.

Para que se decida una rehabilitación han de darse dos condiciones: que lo solicite la familia y que la muerte fuese resultado de una decisión oficial. En este caso, la petición fue presentada por la gran duquesa Leonida Gueórguievna, una octogenaria que vive en París, y cuyo nieto Gueorgui, de 18 años y residente en Madrid, es el principal aspirante a la sucesión, aunque, eso sí, en disputa con otras ramas de la familia Románov. Su más señalado rival, el gran duque Nicolás Románovich Románov, de 76 años, tataranieto de Nicolás II, que nació en Francia y vive en Suiza, es un pragmático que ni siquiera es partidario de la restauración monárquica.

Según Soloviov, está muy avanzado también el estudio del caso del gran duque Miguel, hermano de Nicolás II, ejecutado de tres balazos en la noche del 13 de julio de 1918 (cuatro días antes que el zar), junto a su secretario inglés, Brian Johnson, en un bosque cercano a la ciudad siberiana de Perm.

Es muy improbable, sin embargo, que sea rehabilitado el propio Nicolás II, y mucho menos los miembros de su familia que murieron con él. Sólo pueden serlo las víctimas de resoluciones expresas de órganos de poder, y aunque hay sólidos indicios de que el propio Lenin tomó la decisión final que se tradujo en la matanza de la casa del comerciante Ipatiev, no ha podido demostrarse de forma fehaciente. Y si no hubo condena, no puede haber rehabilitación, al menos jurídica. La otra, la de la historia, se plasmó el año pasado en San Petersburgo, con escaso entusiasmo popular, pero con Yeltsin de notario.