La "tensa" reunión entre los jueces del Contencioso y Carmena finaliza sin acuerdo para acabar con los retrasos

VIENE DE LA PÁGINA 1 Entre los plazos que maneja el Consejo General del Poder Judicial para los asuntos del Contecioso, se indica, por ejemplo, que los casos de extranjería deben resolverse utilizando entre 2,5 horas y 3 horas o los de contratación administrativa, entre 5,1 y 6,1 horas. En el cómputo global, el Consejo pretende que cada magistrado resuelva al año 375 asuntos, dedicando a ellos un total de 1.320 horas (sumadas también las de formación). Esto supondría dictar una media de ocho sentencias por semana. Participantes en la reunión dijeron que, tras la exposición de esos datos, "basados en un cientificismo absurdo, el ambiente de la reunión se puso tenso". "Nosotros consideramos que este sistema aboga en realidad por aumentar el error judicial, bajo la bandera de acabar con los casos pendientes y con el objetivo de la productividad". Los magistrados consideran que este sistema resolvería los retrasos, pero a costa de rebajar la calidad de las sentencias y de cometer errores. Sin embargo, "no hincará el diente de verdad en el problema, esto es, cubrir la plantilla con las necesidades reales". En menos de seis meses, cinco magistrados del Contencioso-Administrativo han salido de Euskadi, atendiendo a los habituales concursos de traslados, algo que no se había producido en la historia reciente de este órgano. "Es al menos sorprendente que, siendo una obligación del Consejo tener cubierta la Sala de 12 magistrados, se pretenda valerse de la solicitud de renovación del plan de refuerzo, con tres magistrados suplentes y uno en comisión de servicio, para plantear cuestiones atinentes a rendimientos profesionales en una situación de carencia de cuatro magistrados especialistas", se recoge en el acta de la reunión que mantuvo el 28 de mayo pasado el pleno de la Sala, previa a la reunión de ayer. El Poder Judicial, de manera informal, llegó incluso a ofrecer una subida salarial de 125.000 pesetas al mes para cada magistrado a cambio de "ponerse a la tarea" y cumplir con los plazos previstos en el plan del Consejo, detallados ayer en el encuentro. La propuesta fue considerada entonces "ilegal y temeraria jurídicamente". Un magistrado del Superior gana al año 9 millones de pesetas, frente a los 16 de uno del Constitucional y del Supremo.