Sistema tributario, modernización 'versus' equidad

El Partido Popular está desarrollando una campaña publicitaria de sus logros coincidiendo con sus tres años de mandato. El sistema tributario ha sido una de las materias elegidas (EL PAÍS del 6 de mayo). El Gobierno asevera haber logrado una Agencia Tributaria eficaz, con unos impuestos modernos. Dentro de su lenguaje plano y vacío, cabe preguntarse cómo interpretar la palabra "moderno" en términos fiscales, y especialmente si coincide con los objetivos clásicos sobre la suficiencia del sector público y la equidad en el reparto de los esfuerzos entre los ciudadanos. Con carácter previo, cualquier persona u organización que pretenda contrastar los logros publicitados por el Gobierno tiene el inconveniente de no disponer de información sobre el sistema tributario posterior al ejercicio fiscal de 1995. En la historia reciente nunca se había alcanzado una situación de mayor falta de transparencia. Desde esta fecha, no hay Memorias Tributarias publicadas ni en papel ni en Internet. La información se ha convertido en un privilegio limitado a los miembros del Gobierno. Realizada esta denuncia, hay que reconocer la febril actividad del Gobierno en materia tributaria. Mientras en otras áreas ha mantenido una actitud titubeante, dialogante o conciliadora asumiendo modelos anteriores, incluso mejorando y subsanando decisiones muy negativas adoptadas antes, en materia tributaria siempre ha demostrado tenerlo muy claro. En junio de 1996, recién formado Gobierno, fijó un tipo único de tributación para las plusvalías (20%) y aprobó una actualización casi gratuita del valor de los activos en balance, una antigua reivindicación de la patronal con el objetivo (teórico) de mejorar la situación de las empresas ante terceros y permitir un mejor acceso a la financiación. En sentido contrario, otras opiniones consideran esta medida fuera de las posibilidades de control de la Agencia Tributaria, permitiendo tan sólo mayores amortizaciones a los empresarios, que, planificadas adecuadamente en el tiempo, desembocan en una aportación inferior al Impuesto de Sociedades. En definitiva, una bajada de impuestos cuantificable de manera prudente en 80.000 millones por ejercicio durante los próximos 10 años. El tipo único de tributación para plusvalías se adelantó a la reforma del IRPF. Nadie duda que la mayoría de los contribuyentes van a pagar menos con la reforma, pero no es cierto que alcance a todos como dice el Gobierno y, por encima de este importante detalle, el reparto de las rebajas está lejos de ser equitativo. La reforma del IRPF se resume en una fuerte pérdida de progresividad del impuesto con excesivos beneficios para personas con rentas elevadas, sobre todo si son de capital. Como no se han atrevido a hacerlo de una forma simple (reducir drásticamente los tramos más altos de la tarifa), lo han intentado disimular. Para ello han sumado una rebaja menor de la tarifa y el invento del mínimo personal y familiar. La suma de decisiones tiene resultados muy regresivos: los declarantes, cónyuges e hijos valen más a medida que aumenta la renta y la presunta potenciación del ahorro popular se concreta en pagar más por los rendimientos de sus ahorros que por el resto de los ingresos. Los contribuyentes con superiores ingresos, especialmente si son plusvalías, se convierten en los grandes ganadores. A ellos se suman aquellas personas con rendimientos empresariales y profesionales que, a pesar de sus pequeñas aportaciones actuales, incluso acceden con el nuevo modelo a un mínimo exento que les negaba el anterior. No es difícil identificar los colectivos más beneficiados con apoyos básicos del PP y CiU. Las grandes reformas se han complementado con otras más pequeñas, aplicadas como un goteo permanente, dirigidas siempre en la misma dirección: rentas empresariales y profesionales. Con carácter añadido, el Gobierno ha aprobado un nuevo Estatuto del Contribuyente. Una decisión muy interesante si estuviera acompañada de una lucha eficaz contra el fraude fiscal. Después de leer su contenido, cabe preguntarse por qué dentro del citado estatuto una de las medidas estrella ha sido reducir el plazo de prescripción desde cinco a cuatro años. Los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones no ganan nada y, sin embargo, los defraudadores reducen su riesgo un 20%. Un aliciente, sin duda, para persistir en su conducta. Incentivo del mismo calibre a mantener una legislación permisiva ante hechos de elusión fiscal, de los que son buen (mal) ejemplo algunos de los ministros del Gobierno. Mientras tanto, la ley de delito fiscal continúa vaciada de contenido sin cumplir con el efecto ejemplarizador para la que está establecida en todos los países con sistemas tributarios modernos. Un recordatorio. El Gobierno de cada momento es responsable de la legislación vigente, ya que si lo considera oportuno puede cambiarla. Hablar del funcionamiento de la Agencia Tributaria es un tema complicado. Pero las cifras sobre la inspección, como mínimo, son contradictorias, están seriamente cuestionadas por una parte nada despreciable de los profesionales de la propia agencia y, desde luego, no permiten lecturas nada triunfalistas. Limitar la lucha contra el fraude a los éxitos contra el contrabando de tabaco no es una buena tarjeta de presentación. Contestando el legítimo ejercicio publicitario del Gobierno, el sistema tributario espanol, después de las reformas, no se sabe si es más moderno (desconozco los aparatos de medición), pero es muy posible que sea más injusto en la distribución de los esfuerzos. Además, existen dudas más que razonables para pensar que reducirá seriamente la recaudación en tiempos muy necesarios (Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la zona euro) y, sobre todo, en una situación de España en la Unión Europea que no justifica esta pérdida ni por presión fiscal (muy inferior) ni por las mayores necesidades de gasto público en prestaciones sociales, infraestructuras, formación o I+D. Por último, el camino hacia la modernidad tampoco ha estado acompañado de una mayor simplificación para el contribuyente. Al contrario, a la dificultad del desdoblamiento de la tarifa (estatal y autonómico) consecuencia del sistema de financiación autonómica, los responsables de Hacienda están realizando un ejercicio de confusión interesada. Esta vez con consecuencias económicas negativas para buena parte de los trabajadores con ingresos inferiores a 3,5 millones de pesetas, que al soportar retenciones excesivas perderán dinero si no cumplimentan su declaración en junio del 2000. Hay motivos serios para no coincidir con el triunfalismo del Gobierno en esta materia. Con perseverancia y tenacidad, algunas organizaciones intentaremos trasladar a la opinión pública nuestros argumentos. Alguno tan simple como que si no se pagan impuestos no hay servicios públicos ni prestaciones sociales, por mucho que se mejore la eficacia en la gestión. Pero, por favor, mientras desarrollan su ejercicio de electoralismo acompañen su discurso de la modernidad con el cumplimiento de su obligación democrática de facilitar a la sociedad toda la información, en tiempo y forma.