Polémica política sobre las ayudas a Champalimaud

, La exhaustiva investigación ordenada por el Gobierno socialista portugués para intentar bloquear el acuerdo entre el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud se centra en las previsibles irregularidades que podrían derivarse de la privatización del Banco Pinto & Sotto Mayor y el grupo Mundial Confiança. En ambos casos, el acuerdo firmado el lunes por ambas entidades parece respetar las condiciones de los convenios de privatización y, por tanto, no es probable que prospere la insólita iniciativa impulsada por el Gobierno socialista que dirige António Guterres. Dichas cláusulas impedirían vender el Banco Pinto & Sotto Mayor hasta pasados cinco años de su privatización (que se cumplen en noviembre), pero el BSCH no ha adquirido una posición directa en esa entidad, sino que ha adquirido indirectamente un 11% del mismo a través del grupo Champalimaud. Una situación similar ocurre con la participación en la aseguradora Mundial Confiança, lo que impediría, según los analistas lusos, cualquier intento de bloqueo por parte del Gobierno de Lisboa. No obstante y a instancias del Ejecutivo luso, la Fiscalía General del Estado, el Banco de Portugal, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto de Seguros de Portugal prosiguen sus investigaciones con el supuesto objetivo de verificar "la legalidad y transparencia del intercambio de participaciones entre los dos grupos". La irritación del Ejecutivo luso y del propio António Guterres por el citado acuerdo parece estar justificada por un episodio que ayer reveló el diario Público. El periódico lisboeta relató que los socialistas portugueses evitaron hace un mes que el Parlamento reconociese y condenase oficialmente "el trato de favor" ofrecido por el anterior Gobierno conservador al industrial y financiero António Champalimaud para recuperar parte de su grupo económico (nacionalizado durante la revolución de los claveles, 1974-75) en la etapa de las privatizaciones. Los socialistas adoptaron esa actitud "en defensa de los intereses nacionales", dado que Champalimaud había amenazado, presuntamente, con vender todo su imperio a los grupos españoles si la propuesta de reconocer "el trato de favor" era aprobada por el Parlamento. No obstante, el vicepresidente del grupo parlamentario socialista y miembro de la comisión que investigaba esas irregularidades, Manuel dos Santos, reconoció al diario portugués que "nadie firmó ningún contrato" sobre el asunto y, por tanto, "nada obligaba a cualquiera de las partes a cumplir nada". El informe del ponente de esa comisión investigadora, el diputado popular Jorge Ferreira, sostiene que la privatización del grupo Mundial Confiança y la compra por Champalimaud del 50% del Banco Totta & Azores (que estuvo en manos del Banesto de Mario Conde) fue realizada mediante "un trato de favor" del anterior Gobierno conservador, dirigido por Aníbal Cavaco Silva, con graves perjuicios para el Estado y con indicios de delito criminal. El diputado popular explicó ayer que "si el informe hubiese sido aprobado por el Parlamento, nada de esto hubiera ocurrido", puesto que "ningún empresario con credibilidad hubiera comprado parte del grupo Champalimaud". El informe de esa comisión investigadora fue rechazado por el Parlamento con la abstención de los socialistas y el voto en contra de los conservadores del PSD (Partido Social Demócrata). Por su parte, el secretario general de los comunistas portugueses, Carlos Carvalhas, señaló ayer que el secretario de Estado de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, debería prestar declaración ante los tribunales, dado que ha admitido que el industrial y financiero António Champalimaud recibió "un trato de favor" por parte del anterior Gobierno.