El Senado, paralizado como Cámara territorial

Los presidentes socialistas José Bono, de Castilla-La Mancha, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura, expresaban su perplejidad al inicio de la campaña electoral por el hecho de que los asuntos de mayor entidad territorial de la legislatura no se hubieran debatido en un foro cuando existe un Senado con vocación precisamente territorial. Además, algunos temas, como la Declaración de Barcelona o el desafío soberanista del Pacto de Lizarra, cuestionan el propio Estado de las Autonomías.Bono y Rodríguez Ibarra no hablaban a humo de pajas. Ambos pidieron el pasado 23 de octubre la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para conocer la posición del Gobierno tanto sobre la Declaración de Barcelona, formulada en junio y ratificada en septiembre por los nacionalistas con una propuesta de reforma del Estado de las Autonomías, como sobre el Pacto de Lizarra, con el que los nacionalistas vascos e IU reclaman un "ámbito vasco de decisión".

En su solicitud, Bono y Rodríguez Ibarra proponían también dar su opinión sobre las dos cuestiones, claves para el futuro del Estado de las Autonomías. En la misma fecha, el presidente de la Junta de Andalucía, el también socialista Manuel Chaves, pidió igualmente la convocatoria de la citada comisión para que el Gobierno fijara su posición sobre la tregua indefinida de ETA y expresar, a su vez, la de su Gobierno regional.

Pero la Mesa de la comisión, en la que el PP cuenta con la mayoría, ha dado largas hasta hoy a dichas demandas. La consecuencia es que los presidentes autonómicos no han podido debatir en su Cámara el principal reto que hoy se plantea al Estado de las Autonomías.

También están pendientes de comparecer en la misma comisión, desde el 28 de octubre, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el de Administraciones Públicas, entonces Mariano Rajoy y ahora Ángel Acebes, para informar de otro asunto clave del modelo territorial: el presente y el futuro del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, la Mesa ha dado luz verde a que un secretario de Estado explique el denominado efecto 2000 en los sistemas informáticos. La convocatoria suscitó tal interés que sólo estuvo representada una comunidad.

Pero hay más. En toda la legislatura no han sido convocadas dos ponencias clave sobre la cuestión territorial: la de financiación autonómica y la relativa al desarrollo de información de carácter territorial, creadas en 1996 y 1997 respectivamente.

La Comisión General de Comunidades Autónomas tampoco ha convocado los debates del estado de las autonomías de 1996, 1998 y 1999, que reunían al presidente del Gobierno con los de las comunidades. Sólo ha habido un debate de éstos, el de marzo de 1997.

El portavoz socialista en esta última comisión, Lluís Armet, denuncia la "hibernación" de la misma. "Resulta muy grave porque es el embrión de lo que tiene que ser el futuro Senado como Cámara territorial. El PP, al matarla, está matando ese futuro del Senado", añade.

La hibernación que denuncia Armet refiriéndose a la Comisión General de Comunidades Autónomas se traslada a todo el Senado. Su pieza clave, la ponencia de reforma, creada en 1994, que debe hacer de él una Cámara territorial, no se ha reunido desde el 3 de junio de 1998. El presidente del Ejecutivo, José María Aznar, se comprometió en su debate de investidura, en mayo de 1996, a impulsar de modo decisivo dicha reforma.

El debate sobre el reconocimiento de los hechos diferenciales de las nacionalidades históricas -Cataluña, Euskadi y Galicia- en la futura Cámara territorial, en el que el PP se enfrentó a los nacionalistas y a los socialistas, paralizó la ponencia. Se enterró tras una cadena de comparecencias de varios presidentes autonómicos del PP, encabezados por el valenciano, Eduardo Zaplana, en las que reclamaron para sus comunidades los mismos derechos que los que reivindicaban las históricas.

La decadencia del Senado se extiende a su papel como Cámara de control del Gobierno y de segunda lectura. Así, en cada sesión de control del último periodo de sesiones, de febrero a junio, hay cuatro ministros, como media, que no comparecen y justifican su ausencia por los motivos más diversos. A tal extremo que el pasado 26 de mayo el senador socialista José Carracao denunció que un ministro no había comparecido por preferir ser entrevistado, a esa misma hora, en una emisora radiofónica.

Por añadidura, la decisión, por la mayoría del PP, de hacer coincidir el mismo día de la semana, el miércoles, la sesión de control del Senado con la del Congreso ha devaluado la primera, que en la anterior legislatura se desarrollaba los martes.

Al día de hoy, hay pendientes un total de 89 peticiones de comparecencias en las distintas comisiones de la Cámara, muchas de ellas correspondientes a 1998.