El ICF incluyó en sus cuentas 1.550 millones que aún no había recibido de Economía y Finanzas

La Intervención de la Generalitat, que depende del Departamento de Economía y Finanzas, detectó en la auditoría de 1997 del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que se contabilizaron 1.550 millones de pesetas que aún no se habían recibido. La auditoría concluye que 870 millones se hacían constar como fondos propios del ICF. El resto corresponde al ejercicio presupuestario de 1995 y en ambos casos se trata de dotaciones pendientes de desembolso por parte de la Generalitat a su instituto financiero. El ICF invirtió en 1997 37.551,8 millones de pesetas.

La auditoría refiere que el ICF recoge en la cuenta deudora Fondo de Dotación pendiente de Desembolso "1.556 millones de pesetas pendientes de pago por parte del Departamento de Economía y Finanzas a 31 de diciembre de 1997, en concepto de Transferencias de Capital". "Respecto a la antigüedad de esta deuda", sigue la auditoría, "756 millones de pesetas provienen del ejercicio presupuestario de 1995 y 800 millones de pesetas al ejercicio presupuestario de 1997". Ernest Sena, director general del ICF, calificó este detalle detectado por los auditores como un "error sin trascendencia". En este sentido, la Generalitat aumentó el año pasado el volumen de desembolsos pendientes al ICF hasta 2.356 millones de pesetas. Las inversiones crediticias del instituto fueron en 1997 de 37.551 millones de pesetas. De ellos, 1.396 millones de pesetas fueron créditos a las administraciones públicas, es decir, entidades autónomas, empresas participadas por la Administración catalana. La contabilidad del ICF incluye en el epígrafe de Administración pública al Arzobispado de Barcelona, que completaba la lista de adelantos a las administraciones públicas con 67,6 millones de pesetas prestados por el instituto. La auditoría relaciona también los activos considerados como fallidos por la junta de gobierno del ICF y que se han provisionado. El total de esa partida es de 2.241 millones de pesetas. Por lo que respecta a deudas impagadas con garantía de dotación presupuestaria -es decir, cuando algún departamento de la Generalitat asume la deuda-, éstas ascienden a 991,1 millones de pesetas. Al cierre de la auditoría, las empresas con mayores deudas impagadas que tuvieron que cubrir departamentos de la Generalitat fueron Castañer (303,9 millones de pesetas), Hijos de José Ferrer (218,7 millones), Componentes Vilanova (89,7 millones), Sitma (78,9 millones) y la editora del diario Avui, Premsa Catalana, con 65,4 millones. La Intervención General también detectó en los gastos del ICF que, "en ciertas contrataciones de servicios de abogados o de publicidad, no se han seguido los procedimientos de contratación que establece la ley" que regula la contratación pública. El ICF pagó 14,7 millones en calidad de gastos judiciales en 1997; entre los despachos jurídicos a los que se les adeudaban facturas por servicios figuran LM & U Abogados Asociados y Roca Junyent Advocats Associats. El coste del ICF, que tiene 29 trabajadores, en términos salariales globales (retribuciones y seguridad social) fue de 148,6 millones de pesetas en 1997. La retribución a sus altos cargos era de 12,4 millones.