La policía detuvo en 1998 a 602 menores por robo, hurto, narcotráfico y otros delitos

Más de 600 detenidos en 1998 no es un problema menor. Sobre todo si se precisa que ninguno de ellos tenía más de 16 años. Más de la mitad lo fueron por robo o hurto; hubo cuatro detenidos acusados de violación y 28 por tráfico de estupefacientes. Son datos de la memoria de la Fiscalía de Madrid, que denuncia la pasiva respuesta de la Administración frente a los colectivos de menores con mayor desamparo social (hijos de inmigrantes), niños con problemas de salud mental o aquellos cuya conflictividad en el seno de la familia les sitúa en la antesala de la delincuencia.

El informe del fiscal de menores Félix Pantoja reitera un objetivo ya enunciado el año precedente: convertir al ministerio fiscal en un referente asociado a la defensa de los derechos de los menores. Sobre todo, de los niños, "que no pueden valerse por sí mismos y se les niega los derechos que la ley les reconoce". Lejos de la idea asociada al fiscal de "acusador", Pantoja defiende que esta institución se erija en "defensor de los derechos de los ciudadanos a través de la defensa de la legalidad"."Podríamos decir que el ministerio fiscal puede convertirse en un instrumento de solidaridad social, si en la defensa de los derechos de los ciudadanos ponemos el acento en la defensa de los derechos de los más desprotegidos". Fiel a tal deseo, la fiscalía de menores se fija diversos retos.

En primer lugar, en el área de protección, el objetivo es velar por el cumplimiento de las obligaciones que las instituciones y en particular el Instituto Madrileño del Menor de la Comunidad tienen para los colectivos de menores, especialmente, para aquellos en situación de desprotección. Y aquí la Fiscalía cita a grupos de menores como son los que padecen problemas de salud mental, los inmigrantes, y los hijos de inmigrantes sin papeles.

El año pasado fueron detenidos por delinquir 602 menores de 16 años. Sumaban 158 robos con violencia, 144 con intimidación, 112 utilizaciones ilegales de vehículos, 49 hurtos, ocho lesiones, cuatro violaciones y 28 casos de narcotráfico. No figura ningún menor detenido por homicidio ni asesinato.

La Fiscalía no sólo repara en el problema de los menores supuestamente delincuentes, sino también en el de los menores como víctimas. Hay cifras que indican la vulnerabilidad de este colectivo. Y es que en 62 ocasiones, padecieron algún delito. 26 niños, según la memoria de la Fiscalía, sufrieron violación, agresión sexual o estupro.

La mayoría tenía menos de 11 años; 16 recibieron agresiones físicas; cinco fueron explotados; doce, robados; y tres, abandonados. Son 62 recuerdos marcados en la piel infantil. Pero los adultos detenidos en 1998 por este catálogo de delitos suman bastante menos que estas 62 pequeñas víctimas. Sólo 36 adultos fueron detenidos por cometer delitos contra menores. Un total de 17 estaban acusados de malos tratos; 15 eran sospechosos de violación, agresión sexual o estupro. Uno cayó por explotar a su hijo para mendigar y dos por mantener a sus hijos en abandono. De tal situación de desamparo fueron rescatados por la instituciones un total de 22 menores, en su mayoría varones.

Acuerdos extrajudiciales

La Fiscalía se plantea aumentar el número de acuerdos extrajudiciales cuando los menores delinquen para alcanzar un doble objetivo: dar satisfacción a la víctima y aplicar al menor criterios educativos para que comprenda el delito cometido y no reincida.Pero el conflicto del menor no acaba en estas cifras. Hay guarismos que reflejan su huida social. Medio millar se fugó de su domicilio, y más de 1.000 se escaparon de los centros de protección o reformatorios. En total, 1.703 menores saltaron a la ley de la calle. Sin reglas, padres, ni tutores.

La memoria de la Fiscalía recoge como meta de la secciónde Menores extender la actividad de los fiscales en la defensa de "los derechos concretos como como el de la sanidad y la escolarización, reconocidos por las leyes, pero no siempre por las administraciones competentes".

Y cita dos derechos más que considera insuficientemente defendidos por las instituciones como "la protección del derecho a la intimidad e imagen de los niños o la publicidad ilícita dirigida a menores".