Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una campaña marcada por la figura de Suharto

En el centro de Yakarta, un cartel de una campaña sanitaria muestra a un abuelo inclinándose hacia un niño de meses para darle la píldora de una vacuna. El viejo cartel ha perdido su color, pero el abuelo es perfectamente reconocible: Suharto. Su fantasma planea sobre estas elecciones y el inmediato futuro de Indonesia sin haber sido objeto de contención política. Sólo Amien Rais ha pedido que se le juzgue, si bien ha expresado su voluntad de perdonarle. Megawati Sukarnoputri ha bordeado el caso y no ha hecho ninguna alusión al hombre que derrocó a su padre en 1966.El antiguo presidente y sus seis hijos han estado esta semana constantemente presentes ante los indonesios, con comparecencias ante los tribunales para explicar una fortuna que una investigación de la revista Time evalúa en 15.000 millones de dólares (dos billones y cuarto de pesetas). Lo han negado todo o casi todo. Suharto, que sigue viviendo en su residencia privada del centro de Yakarta, a dos pasos de donde el cartel del abuelo atento continúa perdiendo color sin una pintada, va a demandar a Time. "Esa injuria es más cruel que un asesinato" ha dicho.

El Gobierno de Yusuf Habibie ha abierto una investigación sin que en Yakarta se le conceda credibilidad. Muladi, ministro de Justicia durante el último Gabinete de Suharto, y el fiscal general han viajado a Austria tras el rastro de una transferencia de 9.000 millones.

"Es puro paripé electoral", dice un embajador. "Para que los suizos y los austriacos levanten el secreto bancario tiene que haber un procesamiento previo. Pero eso no se hecho aquí, prueba evidente de que no se quiere tocar a Suharto". Muladi responde a esta acusaciones con vaguedades: "Que nos acusen de lo que quieran y que sean pesimistas, para mí lo más importante es hacer todo lo posible en Austria y Suiza".

Treinta y dos años de régimen incontestado, como los que encabezó Suharto, crean una red de complicidades en la élite política y económica que es la mejor garantía contra el procesamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 1999