Los empleados de la basura en Cádiz arrojan bolsas contra el Ayuntamiento

Los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria en Cádiz, integrada por FCC y Dragados, radicalizaron ayer sus protestas, 36 horas después de comenzar una huelga convocada hasta el día 11 de junio. Unos 70 trabajadores de la empresa abandonaron su encierro en los locales del comité y se dirigieron al Ayuntamiento de Cádiz, a cuyas puertas arrojaron una treintena de contenedores de basura y esparcieron los desperdicios.

Los empleados lanzaron gritos contra la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), así como contra los candidatos del PSOE y del PA. Las negociaciones se restablecieron ayer, aunque las posturas permanecen inflexibles: el comité exige un incremento salarial del 4% y la reducción de la jornada semanal a 36 horas y la empresa ofrece un incremento similar a la subida del IPC y la jornada de 38 horas. Joaquín García, portavoz del colectivo laboral, culpó ayer a la empresa del desacuerdo y trasladó la responsabilidad al Ayuntamiento. "Esto va a ser constantemente todos los días hasta que el pueblo sepa que nosotros estamos en huelga de estas huelgas de basura y Teófila que no ponga tantas callecitas bonitas y que se preocupe más de los trabajadores", porque a su juicio "el Ayuntamiento recibe mucho dinero no da nada a cambio". La alcaldesa calificó de "desmesuradas" y "deplorables" las protestas. "Ayer no pudieron salir los servicios mínimos; hoy, han puesto cadenas para que no salgan y, por otro lado, la situación de la ciudad empeorará cada día". Casi toda la flota de camiones de la empresa aparecieron averiados en la mañana de ayer, con las ruedas pinchadas. Los censores de seguridad fuera de servicio o los pilotos rotos, lo que impidió que se aplicarán los servicios mínimos. Teófila Martínez dijo que el Ayuntamiento "está atado de pies y manos" y sugirió que "sería llamativo que después de que pasara el 13 de junio se llegara a un acuerdo". El ayuntamiento defiende que ha buscado el consenso entre las partes aunque sin resultados. Martínez denunció que los trabajadores en huelga retuvieron contra su voluntad a un grupo de técnicos municipales que acudió al lugar donde estaban concentrados para buscar soluciones y no pudieron abandonar el local hasta que intervino la policía, a las seis de la madrugada del viernes. Los trabajadores negaron ayer esos hechos. Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado que recurrirá tanto a la Junta como a la Dirección de Trabajo para que se garantice el cumplimiento de los servicios mínimos. La candidata socialista, María de la O Jiménez, terció ayer en la polémica: "Parece difícil que el Ayuntamiento pueda hacer más porque le debe mucho dinero a la UTE y quien no paga tiene poca fuerza para hablar". El municipio adeuda más de 800 millones a la concesionaria. La Asociación de Consumidores de Cádiz afirmó ayer que el origen de la huelga está en la concesión del servicio a entidades privadas.