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Hacia un nuevo Parlamento Europeo

En este caso no es una característica singular de la actitud política de los españoles. El desinterés por las instituciones comunitarias ha sido moneda de uso común a lo ancho y lo largo de la Europa comunitaria. Los ciudadanos de la Unión están predominantemente empapados de distanciamiento e indiferencia con respecto a los órganos de esta última, y sobre todo si del Parlamento Europeo hablamos: al alejamiento se suele anudar en tal caso la máscara paralizante de la inutilidad y la tacha de constituir un costoso e inútil juguetito político.Aunque todo en la vida es jánico y no digamos nada en su faceta política, hay que reconocer que no les falta algo de razón a los que así piensan; para ser más preciso, no les ha faltado hasta ahora, porque, dado como se está escribiendo la historia en nuestros días, los posibles distanciamiento e inutilidad comienzan a ser barridos hoy por la nueva realidad económica (léase sobre todo euro), los últimos acontecimientos políticos vividos (crisis Santer, llegada de Prodi) y las nuevas atribuciones parlamentarias que consagra el Tratado de Amsterdam, en vigor desde el pasado 1 de mayo.

Sacudámos, pues, la indiferencia ante las elecciones europeas del cercano 13 de junio con una afirmación de enraizada base política y jurídica: los elegidos en dicha fecha se incorporarán a un nuevo Parlamento, cuyas importantes novedades para la legislatura que golpea ya fuerte a la puerta han de constituir revulsivo frente a una posible actitud desinteresada del ciudadano español con derecho a voto. Veamos cuáles son, a mi juicio, tales novedades en sus aspectos más significativos.

Los nuevos parlamentarios europeos se encontrarán con una nueva sede en Estrasburgo: de 220.000 metros cuadrados de construcción, está dotada de un hemiciclo albergante de 750 escaños y cuenta con una torre de 20 pisos para acoger más de 1.100 despachos. No será esto, sin embargo, lo que más ha de afectar a su situación personal. En efecto, si todavía no se ha hecho (como es de temer tal como se han producido los últimos acontecimientos), no podrá ser aplazada más la aprobación del estatuto personal del diputado europeo; el espectáculo del pasado 5 de mayo, con la votación del pleno de la Cámara abrumadoramente contraria al texto aprobado la semana anterior por el Consejo de Ministros de la Unión, dice muy poco a su favor, por mucho que quiera revestirse el resultado de lucha competencial entre el Parlamento y el Consejo de Ministros. La fijación de un sueldo mensual común para todos los diputados con independencia de su nacionalidad (no veo otra fórmula que la que proponía el proyecto rechazado: 944.000 pesetas mensuales, fruto de la media de los salarios de los parlamentarios nacionales, aunque quizá quepan mecanismos transitorios), así como la delimitación precisa, entre otros extremos, de sus gastos administrativos, de viaje, dietas, régimen tributario y derecho a pensión, es algo que una institución parlamentaria que, como la europea, afronta decisivos nuevos empeños, no puede posponer más en beneficio de su buen nombre colectivo y del de sus miembros individualmente considerados.

La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el desarrollo de los terremotos políticos que han zarandeado a la Unión estos últimos meses contribuyen decisivamente a que se pueda hablar de un nuevo Parlamento Europeo respecto a aquel para cuya formación votaremos en junio. La Cámara parlamentaria que nos ocupa lleva muchos años luchando por su primacía política. Desde la Asamblea consultiva inicial de 143 miembros elegidos por los Parlamentos nacionales hasta hoy ha recorrido un largo y espinoso camino. E1 Tratado de Amsterdam ha sido decisivo a su favor. De un lado, por la ampliación que lleva a cabo del mecanismo de la codecisión afectante al Consejo de Ministros y al Parlamento en beneficio de este último; en pocas palabras, a partir de ahora materias tan importantes para la nueva Europa como el medio ambiente, los transportes, los asuntos sociales, además de las presupuestarias, necesitarán tanto la aprobación del Consejo de Ministros como la del Parlamento, con un mínimo de 314 votos favorables en este último caso. Además, el Tratado de Amsterdam ha sido beneficioso para la institución parlamentaria por el derecho que se le reconoce de aceptar o rechazar al presidente de la Comisión que proponga el Consejo, extremo que para Romano Prodi se sustanció favorablemente el pasado 5 de mayo, y a los futuros comisarios. He aquí, pues, dos importantes instrumentos que revitalizarán inevitablemente la trayectoria política de la entidad a la que me refiero. Sin embargo, por encima de las normas escritas está la fuerza, por una parte, de los hechos políticos vividos con ocasión del asunto que ha manchado a la comisión Santer, y, por otra, de las consecuencias políticas inevitables del avance de la unidad económica, extremos de los que muy sucintamente me ocupo a continuación.

En el asunto Santer, el Parlamento Europeo ha aparecido en escena con una nueva, y creo que inesquivable ya, careta: la de una organización sedienta de encontrar su definitiva misión política y que, de la mano de su presidente, José María Gil-Robles, ha desempeñado un papel muy activo e incisivo en el desarrollo de las distintas etapas del referido Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior asunto. Esto ha tallado una actitud política que, en mi opinión, más que suavizar en el futuro sus perfiles, los va a aguzar; el Parlamento Europeo de este modo ha descubierto definitivamente la miel del protagonismo de verdadero peso político en el teatro europeo.

Por si lo anterior no tuviera de por sí casi fuerza irresistible, los pasos dados en pro de la unidad económica europea en las últimas fechas remachan la necesidad del ensanchamiento del papel de la Cámara de Estrasburgo. La implantación del euro y las consecuencias de todo tipo que vienen atadas a él, al igual que las descollantes tareas confiadas al Banco Central Europeo, elevarían el llamado "déficit democrático" de la Unión hasta alturas intolerables para el espíritu y cultura políticos de nuestra Europa, si no se correspondieran con el incremento de las funciones, sobre todo controladoras, del Parlamento de la Unión.

Pero por encima de todo (y es indudable la trascendencia de lo apuntado en las líneas precedentes) sitúo la misión insoslayable que incumbe al nuevo Parlamento de dar pasos decisivos en la condensación y fortalecimiento del espíritu político europeo. La construcción de la Unión es muy deficiente en algo tan sustancial como en el mencionado espíritu, es decir, las creencias políticas y culturales en sentido amplio únicamente sobre las cuales puede cuajar una relativa unión política aunque sea en su expresión más sintética. Estas raíces político-culturales son aquellas por cuya regeneración el Parlamento para el que votaremos enseguida ha de luchar con denuedo en colaboración con la Comisión que encabezará Prodi.

A la luz de tal panorama, no cabe, a mi manera de ver las cosas, indiferencia ante la cita electoral del 13 de junio. En esta fecha se dilucida parte de la composición de un nuevo Parlamento Europeo al que incumbe las destacadas misiones comentadas hasta aquí. En suma, algo importante para el porvenir de Europa, y por ello bastante también para el de todos nosotros, está en juego próximamente.

Luis María Cazorla Prieto es catedrático de Derecho Financiero y Tributario y letrado de las Cortes Generales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de mayo de 1999.

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