Los peritos judiciales no ocultan su animadversión hacia los acusados

Los peritos judiciales Juan Román y Juan Carlos Monje, inspectores del Banco de España, expresaron ayer una actitud de franca animadversión hacia los acusados en el caso Banesto, al responder a las preguntas del fiscal y de las defensas de varios acusados, en particular las de Mario Conde y de Rafael Pérez Escolar, en la apertura de la fase pericial sobre las operaciones presuntamente fraudulentas. Hoy continúa la comparecencia de los dos peritos.

Poco antes de terminar su turno, el fiscal Javier Sánchez Junco preguntó al perito Juan Román qué opinión le merecía la existencia de una posible comisión de 1.500 millones de pesetas en la llamada Operación Cementeras. Según Arturo Romaní y Mario Conde, que son acusados de una presunta estafa a Banesto de 1.500 millones de pesetas, el dinero fue habilitado para pagar una comisión a un panameño llamado Jaime D. Cedeño que les proporcionó información confidencial. Romaní, responsable de participaciones industriales de Banesto en marzo de 1990, llegó a decir en su declaración en el juicio oral que Cedeño tenía contactos con la CIA estadounidense. Lo cierto es que el dinero presuntamente destinado a Cedeño nunca fue cobrado por él y se perdió en malas inversiones. Para reponerlo, Romaní acudió a Carlos García Pardo a fin de conseguir otros 1.700 millones de pesetas, que salieron de la llamada Operación Oil Dor. "Me parece lo que toda burda coartada", contestó Román. El fiscal: "¿Cómo?". "Una burda coartada", se reafirmó el perito. "¿Puede explicar?", sugirió el fiscal. El perito, sin gran empeño, citó algunos antecedentes que contradecían la versión de Arturo Romaní. El tono de las respuestas siguió cuando tocó el turno de preguntas a Juan Sánchez-Calero, abogado de Mario Conde. Aunque Román intentó mantenerse en una línea diplomática con el expresidente de Banesto al desestimar de manera tajante y despiadada los argumentos defensivos sobre la operación, centrándose en los indicios presuntamente delictivos, dio una impresión hostil en la sala de juicio. Román explicó en varias ocasiones que la versión de Romaní sobre esta operación le pareció "la historia más increíble jamás contada". Añadió comentarios del estilo: "Cuando te cogen, algo tienes que decir". Román, ante preguntas de Sánchez-Calero, explicó que la sociedad Gay Cordon, controlada en un 72% por sociedades de Mario Conde, participó como instrumental en el trasvase de beneficios. Data Transmission System, sociedad controlada por Romaní, fue la otra beneficiaria. Romaní asegura que Data pertenece a Cedeño, un hombre que ha sido citado en dos ocasiones por el tribunal y excusó su comparecencia. Sánchez-Calero consiguió, pues, hacer aflorar, sin demasiado esfuerzo, la actitud hostil de Román hacia su cliente, MarioConde. Jesús Castrillo, abogado de Rafael Pérez Escolar, preguntó sobre la Operación La Esquina del Bernabeu, en la que su cliente está acusado de presunta estafa por haber ganado 178 millones de pesetas. La versión de Pérez Escolar es que el grupo de Carlos García Pardo, promotor del proyecto, le reconoció una cuenta en participación, del 4,5%, en el citado centro comercial madileño. Según el acusado, eso equivalía a 178 millones de pesetas y le fue otorgado en pago de trabajos jurídicos para dicho proyecto. Según los peritos los trabajos no han sido nunca acreditados. Jesús Castrillo, en apoyo de su posición, dijo que Carlos García Pardo había declarado en el juicio que, en efecto, existieron trabajos jurídicos, a los que Román respondió en tono respetuoso pero no menos duro: "Y qué va a decir Carlos García Pardo. Yo no soy experto en derecho; pero creo que existe la figura penal del cooperador necesario". Por la tarde, el duelo entre el perito Juan Carlos Monje y Jesús Castrillo en torno a la citada operación prosiguió, tanto que el tribunal dijo que el debate se había llegado a parecer a una escena de boxeo.