Nuevas pruebas sobre un supuesto alzamiento del alcalde de Benalmádena

El alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, que desde 1995 tiene declarado en el registro de bienes e intereses del Ayuntamiento que no posee ningún bien, dispuso en mayo de 1996 de 10 millones de pesetas que entregó a un amigo para que éste se hiciera con una opción de compra de la vivienda del alcalde cuya hipoteca iba a ser ejecutada.Una vez que Sebastián Carretero compró la casa, le cedió el usufructo de por vida a Enrique Bolín a cambio de una cantidad que ambos han reconocido ante el juez nunca se pagó en realidad "por amistad".

Por esta operación, un juez de Torremolinos ha imputado a Bolín un presunto delito de alzamiento de bienes. El instructor ha obtenido ahora nuevas pruebas sobre la procedencia real del dinero con el que Carretero se hizo con la vivienda.

Según ha certificado al juez la Caja Rural de Málaga, el cheque al portador de 10 millones de pesetas con el que Carretero se hizo con la opción de compra de la vivienda se libró con cargo a una cuenta "cuyo titular es la mercantil Beocal S.L. y su administrador único, don Enrique Bolín Pérez Argemí, era la persona autorizada a disponer de dicha cuenta".

Bolín negó esta circunstancia al juez cuando le interrogó por el asunto el pasado 15 de abril. El magistrado pidió a las entidades bancarias que facilitaran la documentación sobre los movimientos de la operación, y la aportada por la Caja Rural desmiente la versión de Bolín.

Acreedores y embargos

La acusación sostiene que se produjo un presunto alzamiento de bienes porque Bolín, que no había hecho frente a las hipotecas de su vivienda, sí disponía de dinero y trató de ocultar la situación a sus acreedores para evitar nuevos embargos. Bolín, investigado en otras cinco causas, tiene embargado su sueldo.

Enrique Bolín fue alcalde de Benalmádena entre 1966 y 1974. En 1976 se afilió a Alianza Popular (AP) y fue reelegido en 1979. Permaneció en el cargo hasta 1983. Fue expulsado del Partido Popular en septiembre de 1989 después de que el alcalde fuera condenado por la Corte Suprema de Giblaltar a cuatro meses de prisión por posesión de cocaína. La pena le fue conmutada posteriormente por una multa de 1.500 libras esterlinas, aproximadamente unas 300.000 pesetas. También abandonó el escaño de senador que ocupaba.

En mayo de 1995 se presentó a las elecciones municipales como cabeza de lista del Grupo Independiente de Benalmádena. Fue elegido nuevamente regidor. Además de a la política, las principales actividades del primer edil de la localidad malagueña son los negocios inmobiliarios y hoteleros en la Costa del Sol.