Condenados por daños siete jóvenes que quemaron un concesionario de coches en Navarra
El Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha multado a siete jóvenes con cantidades que oscilan entre las 600.000 pesetas (veinte meses a razón de 1.000 diarias) y las 150.000 (cinco meses, también a razón de 1.000 diarias) por quemar en 1996 el concesionario Lipauto, de Renault, en la localidad navarra de Burlada. Además deberán indemnizar conjuntamente a sus propietarios con 173 millones, la cifra en que se valoraron los daños causados. Un octavo ha sido absuelto por no haberse probado su participación en los hechos.Ayer, tres años después de cometido el delito, los jueces condenaban por un delito de daños a cuatro de los autores de este ataque a una multa de veinte meses, a razón de mil pesetas diarias. Los otros cuatro responsables, según la sentencia, eran menores de edad cuando participaron en los hechos, por lo que la juez se limita a imponerles una multa de cinco meses, también a mil pesetas diarias. Si alguno de ellos no abonase la correspondiente multa, iría a la cárcel por el tiempo establecido.
La juez ha entendido que el ataque, con pasamontañas y bidones de gasolina, supuso un delito de daños, no de desórdenes públicos, y ha cerrado de esta forma un largo proceso. La policía catalogó en su momento la acción como colaboración con banda armada y los jóvenes fueron conducidos a Madrid, incomunicados en aplicación de la legislación antiterrorista, mantenidos en prisión durante varios meses y puestos finalmente en libertad por la Audiencia Nacional previo pago de una fianza.
El juicio oral se celebró en noviembre de 1998 y la sentencia se conoció ayer. Francisco Ruiz, Eduardo Piñero, Koldo Goyena e Iñaki Arrastia son considerados "autores criminalmente responsables de un delito de daños". Jorge Chocarro, Ibai Ayensa y Álvaro Piñero se benefician de la atenuante de que participaron en los hechos siendo menores de edad. La participación de Iker Ayensa no ha sido probada.
Contra la dispersión
La sentencia no tiene duda de que fueron autores del ataque y de que lo hicieron "en protesta por la dispersión de los presos de ETA". Los jóvenes rompieron los cristales del local y quemaron varios coches, pero el fuego se expandió a todo el negocio, incluyendo talleres, almacenes y oficinas. En total, según los peritos, 173 millones de pesetas en daños. La policía, alertada por los vecinos, pudo detener a varios en las inmediaciones, y de sus declaraciones dedujo la participación de los demás.
La sentencia considera que estos hechos probados no constituyeron un delito de desórdenes públicos porque no concurrieron los requisitos exigidos por la legislación: actuar en grupo o alterar el orden con el fin de atentar contra la paz pública. La juez señala que el orden público es la observancia de las normas que regulan la convivencia entre las personas y entiende que el ataque no se hizo con el fin de incidir en ese conjunto de condiciones externas que permiten el desarrollo de la convivencia.
