El alcalde es socio de una inmobiliaria que opera en municipios gobernados por el PP

En 1997, Incoda obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 110 millones de pesetas. Su evolución en los últimos años ha sido meteórica. En 1995, las ventas supusieron 162 millones, en 1996 alcanzaron ya los 270 millones y en 1997 coronaban los 923 millones. Las ventas crecieron, pues, de 1996 a 1997, un 340%, frente al aumento del 66,4% registrado entre 1995 y 1996. "Incoda va para arriba", reconoce su presidente, Javier Segurado.El portavoz del PSOE en Majadahonda, Antonio Morales, cree que este despegue "se produce por la cercanía política entre los propietarios de esa empresa y el gobierno municipal del PP de Majadahonda". Morales detalla tres supuestos favores de esta alcaldía, que tanto Incoda como el regidor Romero de Tejada niegan. "En comisión de gobierno, el 8 de julio de 1997, se otorga, con urgencia, licencia de ocupación para 42 viviendas y 43 oficinas en la carretera de Boadilla, 2, y ocho meses después, el 24 de marzo de 1998, también por urgencia, el equipo de gobierno autoriza el cambio de uso, y construyen 85 viviendas, con lo que aumentan sus plusvalías", medida que Incoda ve "normal".

El portavoz socialista de Majadahonda cita otros dos supuestos favores más a Incoda: "El Ayuntamiento de Majadahonda levantó las cargas urbanísticas a un terreno de Incoda. Y esto, como dijo el secretario general en diferentes informes, es una medida excepcional. Sólo se pueden levantar cuando estén terminadas las obras de urbanización, aceras, asfaltado, alumbrado, alcantarillado. Sin embargo, lo que se ha hecho al menos en dos ocasiones con esta empresa es que se le han levantado esas cargas sin que estén acabadas, con lo que pueden adelantar la construcción de la vivienda. Consiguen tener liberadas las parcelas y pueden empezar a vender y recoger dinero".

Morales recordó que esta operación se ha efectuado en el valle del Arcipreste el 29 de noviembre de 1997. En este caso, la comisión de gobierno, por urgencia, canceló unas obligaciones urbanísticas de Incoda, según el PSOE. "El secretario advirtió que esta medida debía ser excepcional, y que debía informar la intervención y liquidarse tales cargas. La comisión lo aprobó sin tales requisitos", añadió.

Los socialistas señalan que Incoda, el 28 de julio, se benefició de una segunda excepción, en el valle de la Oliva. "El PP, en el pleno y tras pronunciarse en contra PSOE, IU y Grupo Mixto", explica Morales, "les levantó la mitad de las obligaciones urbanísticas, y el resto, en marzo de 1999, en comisión de gobierno y por urgencia. Aún no estaban terminadas las obras. El convenio y el proyecto de reparcelación decían que no se podían levantar las cargas hasta que no estuvieran completamente acabadas. El secretario reiteró que levantar las cargas sin haberse concluido el 100% de las obras de urbanización era excepcional. Lo mismo dijo el interventor. El PP lo aprobó".