El 80% de los fondos se reparte entre el 20% de los perceptores

La Unión Europea concedió ayudas directas a la producción agrícola y ganadera española por 662.000 millones de pesetas en 1997. Para acceder a esos fondos se presentaron un millón de peticiones. Sin embargo, la distribución real no tiene nada que ver con las estadísticas, especialmente en las zonas donde hay grandes explotaciones. Bruselas reconoce que el 20% de los perceptores se queda con el 80% de las ayudas. Sin embargo, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), lejos de mejorar, ha empeorado la situación.En el caso concreto de España, sólo el 0,12 % de los perceptores, en torno a un millar, percibe aproximadamente el 10% de las ayudas. Unos 125 propietarios se distribuyen cada año más de 60.000 millones de pesetas y solamente tres explotaciones se llevan al bolsillo más de 1.000 millones de pesetas.

Según algunos datos obtenidos por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), las primeras 200 explotaciones de Andalucía han recibido más de 17.000 millones de pesetas y las primeras 99 explotaciones de Extremadura perciben ayudas por valor de 3.640 millones de pesetas. Las primeras 36 empresas agrarias andaluzas se reparten 6.433 millones en concepto de subvenciones. Según esas fuentes, la Casa de Alba recibe 400 millones de pesetas como ayudas para sólo dos explotaciones agrícolas en Andalucía.

Datos secretos

Según los datos en poder de la UPA, de las ayudas pagadas en Extremadura, el 34% de los beneficiarios que cobran más de 25 millones de pesetas tiene domiciliado su cobro fuera de esa comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha se halla en esa misma situación el 25% de los beneficiarios que cobran más de 10 millones de pesetas.

No obstante, las organizaciones han reclamado a la Administración la posibilidad de que, por tratarse de ayudas públicas y habida cuenta de los fraudes que se han descubierto, se facilite información pública sobre el reparto de las ayudas. Además reclaman una política de modulación de ayudas para que haya una mejor distribución de los recursos. Su objetivo es establecer índices correctores en las ayudas de mayor cuantía, mejorando las más pequeñas, primando a los agricultores profesionales, a la explotación familiar viable y a quienes viven en el campo e invierten en él.