El alcalde reclama una ley para que los marginados se repartan por la región

La concejal de Servicios Sociales de la capital, Elena Utrilla, del PP, considera que Madrid acoge a inmigrantes y "excluidos sociales" que deberían ser atendidos en otras ciudades de la región y de otras autonomías. Y para solucionar lo que a su juicio es un desfase, reclamó ayer la elaboración de una ley nacional que regule la atención de la inmigración a fin de descargar a la capital de cientos de marginados a los que atiende sin que le corresponda hacerlo. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, apoyó la idea ("siempre apoyo a mis concejales"), aunque matizó: "Lo que pedimos es un estudio en profundidad de la inmigración porque es una cuestión que va en ascenso: ahora mismo, el 6% de la población de Madrid es inmigrante. Pero si nos fijamos en las cifras de otras ciudades europeas, vemos que en París viven un 16% de inmigrantes y que en Londres llegan al 26%. O sea, que ése es el fenómeno que va a darse en Madrid y necesitamos estar preparados". Utrilla, que presentó ayer la memoria de su área, precisó que la ley "o normativa o reglamento" que reclama a la Administración central no tiene nada que ver con cupos o con restricciones. "No se trata de que haya cupos, ni de que se impida a nadie entrar, ni de pedir dinero por marginado, pero sí de que, como se hace en Francia, municipios importantes, de determinado número de habitantes, tengan, por ley, que destinar una cantidad de dinero de sus presupuestos a servicios sociales", expuso Utrilla, quien añadió: "De esta forma, los marginados se quedarían en esos municipios y no acudirían a ciudades que, como Madrid, cuentan con estos servicios" .Para la concejal de Servicios Sociales este fenómeno tiene un nombre: "Se llama efecto llamada y consiste en que cuando los marginados acuden a una ciudad, ésta reacciona poniendo más servicios, que a su vez sirven como llamada para nuevos marginados".

El alcalde precisó que esta ley es necesaria porque "los ayuntamientos son los que tienen que solucionar estos asuntos de la inmigración de manera urgente, como el último, el del poblado rumano de Malmea, en Fuencarral".

En este poblado malviven un centenar de familias de las que nadie se ocupó, ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid, hasta que en febrero lo denunció Unicef y su caso fue publicado en los medios de comunicación.