Justicia admite que un juez mantuvo 84 días en prisión a un inocente sin atender sus quejas

El Ministerio de Justicia ha decidido indemnizar con 1.040.000 pesetas a Jacob U. N., de 35 años, tras reconocer que el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid cometió un error el 25 de agosto de 1995 al ordenar el ingreso en prisión de este nigeriano sin haber comprobado antes si era la persona buscada. El juez envió a Jacob a la cárcel tras confundirle con un traficante de drogas sobre el que pesaba una orden de busca y captura. Los escritos del detenido suplicando su libertad tardaron 84 días en surtir efecto, los mismos que pasó en la prisión de Carabanchel.

A Jacob le confundió la policía con Harreson Amechree, a quien la Audiencia de Madrid había puesto en situación de busca y captura para que cumpliese una condena de dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de tráfico de drogas. Jacob, un inmigrante ilegal sin ningún antecedente penal, fue conducido al juzgado, y desde allí, a la cárcel.Ni la policía ni el juez se preocuparon de practicar las más elementales diligencias para averiguar si Jacob era la persona buscada. Sus lamentos rogando al juez que le dejase libre alegando que él se llamaba Jacob, y no Harreson, no sirvieron para nada. Hubiese bastado con cotejar sus huellas dactilares con las del auténtico delincuente, que constaban en el juzgado y en la policía, para deshacer el entuerto. Pero nadie lo hizo, y este inmigrante de raza negra acabó en Carabanchel.

El Ministerio de Justicia ha reconocido ahora, casi cuatro años después de los hechos, que tanto la policía como el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid cometieron un grave error. En el escrito en que admite la necesidad de indemnizar este error, el ministerio señala: "La detención y posterior ingreso en prisión del hoy reclamante [en alusión a Jacob] es consecuencia del error cometido por la policía, que creyó que era la persona buscada. (...) Esto no impide reconocer que también es responsable el Juzgado de Instrucción 24, en donde ingresó el detenido, toda vez que no llevó a cabo las medidas necesarias para comprobar si era la persona buscada, limitándose a ordebar su ingreso en prisión, a pesar de las continuadas declaraciones del detenido en las que afirmaba no ser dicha persona".

El cúmulo de despropósitos que adentraron a Jacob en el calvario de Carabanchel se inicia el 24 de agosto de 1995. La policía le detuvo y le llevó al juzgado de guardia de la plaza de Castilla, en la creencia de que se trataba de Harreson Amechree, contra quien pesaba una orden de busca y captura para que cumpliese una condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

"Hábeas corpus" denegado

Desde el primer momento, Jacob negó a la policía ser la persona buscada. Más tarde fue conducido a los calabozos de la plaza de Castilla, y desde allí, a Carabanchel por orden del Juzgado de Instrucción 24, que también desoyó sus lamentos. Nada más entrar en prisión pidió un hábeas corpus ante el juez de guardia de Madrid, que lo denegó. Casi dos meses después, totalmente desesperado, reiteró ante el Juzgado 24 su petición de libertad y, como prueba de su inocencia, suplicó que se cotejasen sus huellas dactilares con las del tal Harreson. Hacerlo no era difícil, ya que las huellas del perseguido se encontraban en poder del juzgado, de la policía e incluso en un fichero de la prisión de Carabanchel desde el año 1991. El 16 de noviembre de 1995, la Audiencia le dejó en libertad tras recibir una comunicación del Departamento de Grafística de la Guardia Civil en la que se confirma que las huellas de Jacob no eran las de Harreson. El tribunal admitió que se trataba de un error y le instó a solicitar una indemnización al Estado por el tiempo pasado en prisión.

El artículo 121 de la Constitución y el 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén la posibilidad de resarcir los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de errores judiciales. Jacob, a través de su abogado, Jorge Raschetti, reclamó 1.290.000 pesetas por los 83 días injustamente privado de libertad, igual cantidad por los daños morales y otras 200.000 pesetas más para abonar las minutas de sus abogados. El ministerio sólo le ofrece 1.040.000 pesetas. Su abogado, disconforme con la cantidad, ha recurrido ante los tribunales.