La policía expedienta a la sala Amnesia por contratar a "matones y forzudos"

La Delegación del Gobierno en Madrid mantiene que las seis discotecas inspeccionadas durante el fin de semana incumplían el artículo 23 apartado 1 de la Ley de Seguridad Privada 23/1992, que establece lo siguiente: "El personal que desempeñe funciones de seguridad privada incurrirá en infracción muy grave cuando preste sus servicios a terceros careciendo de la habilitación necesaria y no estando integrado en empresas de seguridad".Ahora, según la policía, debe ser la Comunidad de Madrid la que se encargue de resolver los expedientes. Pedro Plans, jefe del servicio de espectáculos de la Comunidad de Madrid, mantiene que no pueden tramitar un expediente que se refiere al incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada. "No tenemos competencia en materia de seguridad, la tienen el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno", explica Plans. "La Ley regional de Espectáculos, por la que podríamos intervenir, sólo establece qué locales deben tener servicio de vigilancia. Si nos llegan unas denuncias de la policía, como ha ocurrido en una ocasión, sobre la inexistencia de servicio de vigilancia, podemos sancionar. Pero, si hay vigilantes pero éstos carecen de autorización para ejercer tareas de seguridad, es competente el Ministerio del Interior".

La Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas (Asfydis), mayoritaria en el sector, con 588 socios, y la Delegación del Gobierno acordaron la semana pasada que la vigilancia de las discotecas se dejase en manos de empresas de seguridad privada. A raíz de este pacto, los policías visitaron seis discotecas donde sospechaban que había "personal de gimnasio" como encargados de seguridad sin tener autorización para desempeñar ese trabajo.

Carné profesional

Los agentes preguntaron en las salas por los encargados de la seguridad. Luego les pidieron su carné profesional como empleados de vigilancia privada. "No tuvimos ningún enfrentamiento con nadie y contamos con la colaboración de todos. A los empleados que ejercían su labor de forma fraudulenta se les tomó nota", indicó un portavoz policial.

Asfidys considera que la actuación policial ha sido rápida, aunque no "se ha tenido en cuenta que se necesita un periodo de adaptación para cumplir la normativa vigente". "Entendemos que con lo ocurrido en Amnesia se inicia una nueva etapa en la vigilancia de las discotecas, pero nos tienen que dar una moratoria amplia para ajustarnos a lo establecido", dice Jesús Nuño de la Rosa.

Los empresarios de discoteca dicen que algunas salas tienen contratados a trabajadores que carecen de la autorización para desempeñar tareas de seguridad. "Ahora hay que despedirlos o pasarlos a trabajar de camareros, y eso no se puede hacer en un día", declara Nuño de la Rosa. La contratación de vigilantes jurados no sólo supone una mejora en la seguridad de los locales nocturnos, sino también en la atención a los clientes, según el portavoz de los propietarios de discotecas. "Los responsables de la seguridad de las salas tienen que ser personas educadas, de uniforme, no gente sin identificar que puede volverse violenta", añadió.

La Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa de Seguridad (AMPES) se pronunció ayer sobre la seguridad en las salas. "La mayor parte de las discotecas de Madrid funciona en situación ilegal en materia de seguridad", señaló ayer Luis García, el portavoz de AMPES. García afirma que el personal contratado en la mayoría de las discotecas de Madrid no está acreditado como vigilante de seguridad privada: "Sólo son vulgares matones". "No son trabajadores preparados", añade, "como los vigilantes privados, que tienen que pasar un examen, hacer un curso de 180 horas en un centro homologado por el Ministerio del Interior y tienen que trabajar en las empresas de seguridad que también están reconocidas como tales por el ministerio y por la Jefatura Superior de Policía". Los vigilantes de las discotecas "nunca pueden trabajar de forma independiente, sin acreditación; tienen que sacarse el título", añade García. Este portavoz destacó "la ilegalidad" de los servicios que ofrecen los empresarios que se dedican a reclutar a jóvenes fuertes "con apariencia intimidatoria" para suministrárselos a los propietarios de las discotecas como personal de seguridad. "Si se cumpliera la legalidad en materia de seguridad, se acabaría con ese mercado negro de presuntos vigilantes que no lo son", explica García.

Las empresas privadas de seguridad ofrecen unas garantías a las discotecas que los empresarios que trabajan en la clandestinidad no pueden dar: "Las empresas homologadas tienen que presentar su capital social, su proyecto de trabajo y tienen contratada una póliza de responsabilidad civil que cubre la actuación de los vigilantes, los posibles daños que puedan causar a terceros", explicó García. "Los vigilantes no se deben limitar a impedir la entrada de las personas, sino que deben encargarse de que no se rebase el aforo de las salas, cosa que ahora se incumple sistemáticamente", concluye García.