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El Consejo Tributario de Barcelona ha resuelto 17.000 recursos en 10 años

El Consejo Tributario Municipal de Barcelona ha tramitado en sus 10 años de existencia más de 17.000 reclamaciones ciudadanas en materia de impuestos. Esa forma de interpretar las normas fiscales ha sido recopilada ahora en un libro que fue presentado ayer y que ha editado la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales. Los ponentes coincidieron en la necesidad de fomentar este tipo de organismos, que actúan de mediación entre la ciudadanía y la Administración y que son una solución mucho más rápida y barata que el pleito judicial. Ángel García Fontanet, presidente de la fundación, explicó que el 40% de los casos que llegan al consejo no se recurren y se evita así la vía contencioso-administrativa, que tarda una media de cuatro años en resolverlos. El Consejo Tributario Municipal es un organismo único en España que fue creado por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, pero que goza de total autonomía. Ignacio de Lecea, el presidente del consejo y que en su día fue el magistrado instructor del caso Banca Catalana, recordó ayer que al tomar posesión del cargo preguntó si se respetaría su independencia. El tiempo ha demostrado que los responsables municipales cumplieron su promesa, pues durante esta primera década el consejo se ha opuesto al 30% de las propuestas de resolución municipales. Pese a que las decisiones del consejo no son vinculantes, el consistorio siempre ha respetado sus acuerdos, a excepción de un caso referido a unas exenciones fiscales. "A veces cuesta firmar ciertas resoluciones porque piensas que va en contra del interés público, pero luego te das cuenta de que son muy razonables", explicó ayer Ernest Maragall, teniente de alcalde de Hacienda. Además del presidente, el Consejo Tributario está formado por otros siete juristas especializados en derecho administrativo. Cuando una decisión es trasladada a la vía judicial, el criterio del consejo ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en más del 90% de los casos. Sólo en una ocasión llegó un pleito al Tribunal Supremo y la decisión fue la misma que adoptó en su día el consejo. "No se trata de suprimir la vía judicial, sino de evitarla", explicó el magistrado del Supremo Pascual Sala, quien también mostró su extrañeza "porque los grandes ayuntamientos no han copiado la idea".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de mayo de 1999