El arte lo pone la naturaleza

La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres definió en su día los monumentos naturales como "formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza", o bien "formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos culturales o paisajísticos". En cualquier caso, pequeños enclaves que, a veces, pueden reducirse a un árbol centenario o a un cerro de peculiar historia. Sometiéndose a estos argumentos legales, la Administración ambiental andaluza viene estudiando desde hace una década la posible declaración de diferentes monumentos naturales que sirvan para completar la red de espacios protegidos de la región. Por fin, la Consejería de Medio Ambiente parece haber encontrado la fórmula adecuada para resolver este asunto. El borrador del decreto que regulará la declaración y gestión de los monumentos naturales está ya en la última fase de discusión, por lo que podría estar aprobado antes del verano. Al mismo tiempo, se ha elaborado un primer inventario de elementos que podrían incluirse dentro de esta categoría, y que sumarían una docena en toda la región. Elementos singulares Tanto en el establecimiento de los conceptos que definen un monumento natural como en la identificación de aquéllos cuya declaración podría llevarse a cabo sin dificultades han intervenido especialistas de las universidades de Sevilla y Almería. En todos los casos se tratará de elementos singulares por su valor biótico (flora, fauna), geológico, etnográfico, ecocultural o geográfico, con unos límites espaciales muy bien definidos. Su superficie media se situará en 10 hectáreas y sólo en circunstancias excepcionales rebasarán el centenar de hectáreas. Podrán estar incluidos en los cascos urbanos de pueblos y ciudades, y en ellos habrá de facilitarse el uso público y las actividades de educación ambiental. Quizá la principal novedad de esta figura es la de la participación de los agentes sociales y económicos en el proceso de creación y mantenimiento de los monumentos. A diferencia de parques, parajes o reservas, la iniciativa para aplicar esta figura a un determinado elemento no viene de la Administración ambiental sino que debe surgir de los propietarios o interesados directos, sean una asociación ecologista, un ayuntamiento, una empresa o un particular. "La consejería", explica Fernando Sancho, profesor del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y uno de los expertos que han trabajado en este tema, "se limita a otorgar el marchamo correspondiente a algo que ya ha sido señalado por un determinado colectivo ciudadano. Eso no quiere decir que primen los criterios de cantidad sobre los de calidad, de manera que esta figura no debería utilizarse de forma indiscriminada". Los promotores de la idea se comprometen a mantener en buen estado el monumento, a asumir parte de los gastos de conservación y a facilitar su disfrute público. "De esta manera", continúa Sancho, "se acaba con la idea de que la administración debe pagar por proteger, ya que la protección es solicitada y asumida por los propios interesados". Esta nueva filosofía permite, por ejemplo, establecer una revisión periódica del inventario de monumentos, de forma que puedan perder tal condición aquéllos enclaves que no hayan cumplido con los compromisos de conservación. Asimismo, cabe la posibilidad de buscar patrocinadores privados que se hagan cargo de algunos monumentos. "En definitiva", explica Enrique Salvo, director general de Participación y Servicios Ambientales, "se trata de implicar a toda la sociedad en la conservación de nuestros recursos naturales más valiosos, no dejando esta tarea exclusivamente a la Administración". Aunque el borrador de decreto está muy avanzado, esta nueva forma de actuar, derivando responsabilidades en los agentes sociales, choca con lo que marcaba la legislación sobre espacios naturales protegidos. Por ello, algunos especialistas universitarios que han trabajado en el proyecto y los técnicos de la consejería temen que finalmente el texto no sea tan novedoso como cabría esperar y que esa especie de modelo de cogestión no quede bien precisado.