La presencia de los mismos partidos en el Gobierno y las Diputaciones ha quitado trabajo a la Comisión Arbitral El único caso tratado, un conflicto por el reparto de los fondos agrícolas, fue retirado por las partes

VIENE DE LA PÁGINA 1 Desde la puesta en marcha de la Comisión Arbitral sólo se ha formalizado un conflicto: el departamento de Agricultura de la Diputación de Vizcaya reivindicó la potestad de repartir el dinero procedente de los fondos europeos en detrimento del Gobierno vasco. Tanto el departamento foral como la consejería de Agricultura pertenecían al PNV cuando se suscitó el problema. Los miembros de la Comisión, que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y formada por seis vocales, tres nombrados por el Gobierno y otros tres por las Diputaciones, indicaron a Álava y Guipúzcoa la posibilidad de que se personaran en el procedimiento, dado que tienen las mismas competencias, pero ambos territorios declinaron la invitación. Al final, la Comisión no llegó a tener que resolver, porque el Gobierno y la Diputación vizcaína llegaron a un acuerdo. Se firmó un convenio que otorga más competencias en este campo a las Diputaciones. La composición paritaria de la Comisión Arbitral demuestra la intención de guardar un equilibrio entre los poderes comunes y los forales. Se trata de un órgano exclusivo y propio de Euskadi. Su única razón de ser se fundamenta en el sistema de organización foral de Euskadi y en la distribución de poder político derivada del propio Estatuto y de la Ley de Territorios Históricos (LTH). Para algunos de los analistas consultados por este periódico, la Comisión se creó demasiado tarde. En el caso de que este instrumento hubiese existido antes se hubieran podido evitar muchas de las tensiones que se produjeron dentro del PNV en la manera de entender la articulación interna del País Vasco y a la hora de regular en la (LTH) el reparto de competencias y recursos, que fueron el motivo externo de la ruptura de este partido a mediados de los ochenta. En este órgano para dirimir los conflictos entre instituciones se figuras dos antiguos pesos pesados de la política vasca, como los abogados Juan Ramón Guevara y Mario Fernández, ex consjeros del Gobierno, junto a dos catedráticos de Derecho Administrativo, Iñaki Lasagabaster y Edorta Cobreros, una magistrada, Koro Cillán, y el letrado bilbaíno Gabriel Mariscal.