Encierro en Carcaixent por la sanción de Navarro a un funcionario

La junta de personal del Ayuntamiento de Carcaixent, en la comarca de La Ribera Alta, se encerró durante la mañana de ayer en las instalaciones municipales como medida de rechazo a la sanción impuesta por el alcalde, Rafael Navarro, -líder del partido Alternativa Valenciana (AV), surgido de una de las escisiones de Unión Valenciana-, de seis años de empleo y sueldo al funcionario municipal encargado del cementerio, José Carbonell. Tanto los sindicatos CC OO como UGT, como las formaciones políticas locales EU, BNV, UV y La Rosa censuran el "proceso irregular" seguido contra el funcionario y califican de "nefasta" la política de personal llevada a cabo por el equipo de gobierno de Carcaixent formado por Alternativa Valenciana y el PSPV-PSOE. Pero la junta de personal responsabiliza especialmente al alcalde, Rafael Navarro, candidato a la presidencia de la Generalitat por AV, ya que "sienta un mal precedente" con su actuación. La "desproporcionada" sanción la relacionan los representantes sindicales con "la privatización" de un servicio público como el cementerio municipal que fue adjudicado, recientemente, a una empresa privada mediante concesión administrativa. La Inspección de Trabajo inhabilitó a principos del pasado verano las máquinas elevadoras de féretros que funcionaban en el cementerio ante "las deficiencias" detectadas. Los tres empleados recurrieron a lo largo de los meses estivales a un andamiaje metálico para ejercer su trabajo de manera provisional, si bien no reunía las condiciones de seguridad que requiere la normativa de salud laboral, según los representantes de los trabajadores. Responsabilidad En septiembre la maquinaria reglamentada no había sido reparada todavía, por lo que José Carbonell requirió al concejal responsable del área, Juan Albert, a que le autorizara la redacción de un documento que, firmado por los familiares del fallecido cuyo cuerpo iba a ser enterrado, "salvara su responsabilidad" en caso de ocurrir algún accidente. Pese a que los familiares presentes en el sepelio testificaron durante la apertura del expediente que Carbonell fue autorizado telefónicamente por el concejal para que planteara la firma del documento, el delegado del cementerio lo negó posteriormente y el funcionario ha sido sancionado, recientemente, a la pérdida de seis años de empleo y sueldo. Carbonell, que el día en que sucedieron los hechos no trabajaba, acudió al cementerio para auxiliar a su compañero con la finalidad de ayudarle a subir el féretro del difunto al nicho correspondiente, operación que planteaba alguna dificultad.