Las denuncias de espionaje dominan las relaciones entre Washington y Pekín

Un nuevo escándalo de espionaje, esta vez sobre radares antisubmarinos ultrasecretos, cuyos datos habrían sido transferidos a Pekín, afloró ayer a las páginas de la prensa norteamericana amenazando con agrietar aún más las relaciones chino-norteamericanas, que se encuentran en el peor momento desde el final de la guerra fría tras el error cometido por la aviación de la OTAN al atacar la Embajada china en Belgrado.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado, empeñados en calmar la ira del Gobierno chino, cuyo poder de veto en el Consejo de Seguridad le convierte en un socio imprescindible para alcanzar una solución negociada en el conflicto de Kosovo, no hicieron comentarios al respecto.Pero la información aparecida ayer en en la primera página del diario The New York Times demuestra que el alcance de las redes de espionaje chinas en Estados Unidos eran más amplias que las detectadas en marzo en el laboratorio de Los Álamos, y pueden poner en graves apuros al presidente Bill Clinton. En el nuevo caso, otro científico norteamericano de origen chino, Peter Lee, es acusado de haber pasado información a Pekín sobre la última tecnología en radares antisubmarinos mientras trabajaba en una empresa privada, TRW Inc, con la que el Pentágono tenía una proyecto de investigación. En el caso del laboratorio de Los Álamos, donde EE UU desarrolló en los años cuarenta la primera bomba atómica, otro científico norteamericano de origen chino, Wen Ho Lee, fue acusado de transferir miles de datos sobre armamento nuclear de una de las redes de ordenadores más secretos y más protegidos de EE UU a un ordenador fácilmente penetrable desde el exterior. Peter Lee, que confesó haber facilitado a China la información secreta, no fue llevado ante un tribunal a petición de la Marina, que consideraba la información demasiado secreta como para ser discutida en un juicio. Wen Ho Lee, por su parte, sigue defendiendo su inocencia y atribuye a errores la transferencia de información ultrasecreta a redes abiertas.

El dato más potencialmente dañino para el presidente Clinton es que varios comités del Congreso están investigando esos casos, que, en opinión de los republicanos, no han sido perseguidos ni investigados por el Gobierno de una forma adecuada. Tanto la secretaria de Justicia, Janet Reno, como el consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, han sido acusados de haber mantenido una actitud pasiva ante lo que un congresista republicano ya ha calificado como "el mayor caso de espionaje de la historia de EE UU". Clinton, además, ha sido acusado de recibir cuantiosas contribuciones económicas para su campaña electoral de 1996, cuyo origen, a través del ciudadano norteamericano de origen chino Johnny Chung, podría estar en los servicios de espionaje chinos. La visita que realizó el primer ministro chino, Zhu Rongji, a Washington a primeros de abril ya se vio empañada por el primer caso de espionaje que puso en sordina otro tipo de diferencias políticas de mayor calado. En primer lugar, figura el deseo de China de ingresar en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que, por el momento, encuentra la oposición de EE UU.El Gobierno norteamericano considera que China debe introducir reformas en su economía y abrir sus mercados antes de ingresar en la OCM. Las acusaciones occidentales sobre las reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno chino también irritan en Pekín, que considera estas críticas como un instrumento para socavar su estabilidad. Zhu Rongji está considerado como un decidido reformista, dispuesto a situar la gigantesca economía china en condiciones de participar y competir con el resto de la economía mundial.

Así, en un gesto que sorprendió en EE UU, Zhu Rongji aceptó la presencia en China de las grandes compañías de telecomunicaciones norteamericanas, lo que permitirá que gigantes como la ATT o Motorola se hagan cargo de las redes de telefonía celular o de distribución de Internet.La principal oposición al ingreso de China en la OMC se encuentra en el Congreso, donde la mayoría republicana se dispone a explotar, en perjuicio de la Casa Blanca, la investigación sobre los casos de espionaje.