Expediente a un presidente de sala por retraso en las sentencias

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió el mes pasado un expediente disciplinario al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José María del Campo y Cullén, por supuesta falta grave o muy grave de desatención de asuntos y retraso en su resolución. Según la Inspección del CGPJ, el atraso hacía que cuando los magistrados firmaban las sentencias habían olvidado las deliberaciones.La visita de la inspección, realizada en marzo de este año, constató, entre otros datos, que de los 234 recursos pendientes de 1998, se encontraban en trámite 176, de los que correspondían al presidente de la sala 120, distribuyéndose los restantes entre los otros tres magistrados a razón de 35, 19 y 2.

Similar proporción se observó respecto a otros trámites, por lo que la inspección apreció, en conjunto, "el importante cúmulo de sentencias pendientes de dictado que mantiene el magistrado-presidente, señor Del Campo".

También constató que había un importante número de sentencias minutadas (escritas en borrador) por dicho magistrado-presidente, por lo que la inspección quiso saber si "ya habían sido deliberadas y votadas, y no se pudo obtener dato fehaciente sobre ello", explican los inspectores, "dada la ausencia de control de los asuntos que son deliberados en cada sesión".

La sensación de descontrol producida por la sala analizada llevó a los inspectores a hacer más indagaciones. La unidad inspectora se informó de que "la problemática derivada del importante número de sentencias pendientes es que, con relativa frecuencia, al haberse deliberado un asunto meses atrás, cuando se pasa a la firma de todos los integrantes de la sala, en ocasiones no recuerdan ya el sentido de la deliberación y origina bastante confusión", hasta el punto de que "a veces debe repetirse la deliberación". Otro dato de la situación de la sala es que, en algunos casos, cuando el magistrado-presidente manifiesta su voluntad de formular voto particular, "transcurren meses y, por tanto, incide en el retraso de la firma de la sentencia ya entregada, hasta que efectivamente lo emite".

Años pendientes

De las sentencias pendientes de redactar por el magistrado-presidente, "algunas de ellas llevan años pendientes de dictado", ya que se les señaló ponente en 1996 y 1997, y otras, procedentes de 1998, se refieren a materias preferentes y urgentes, como despidos o conflictos colectivos.La inspección considera que se ha producido un retraso excesivo "en el dictado de sentencias cuyo ponente es el magistrado-presidente", para el que "no se ofreció ningún tipo de motivación". Y en consecuencia, propone que se abra expediente disciplinario.La comisión designó instructor del expediente al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Santiago Marténez-Vares.