Castigo en las ondas

EL GOBIERNO catalán ha decidido no renovar tres licencias radiofónicas a la Cope, un hecho insólito en la historia de la radio durante la democracia, que genera inseguridad y confusión en el sector y sienta un precedente extremadamente grave. Retirar una licencia significa de hecho cerrar una emisora. Aparte del daño objetivo a la empresa y a sus trabajadores, la decisión castiga sobre todo a los oyentes que elegían libremente esa programación en el dial. En este caso, además, se da el agravante de que la Cope había comprado estas emisoras a Cadena 13, un fallido proyecto radiofónico controlado en sus inicios por personas próximas al aparato de partido de Convergència. El Gobierno catalán ha intentado presentar la decisión con criterios estrictamente administrativos, apelando al pliego de condiciones y a los baremos correspondientes. Pero el presidente Pujol, interpelado por algunos oyentes de la cadena episcopal, tuvo un desliz que da pie a todas las sospechas. "La libertad de expresión no ampara la mentira", dijo Pujol. No es la función de un concurso para la obtención de licencias de radio decidir quién miente y quién dice la verdad. Y es todavía menos la función de un Gobierno democrático. De ahí a la arbitrariedad hay un paso muy pequeño. Después de las declaraciones del presidente de la Generalitat, por más que luego intentara rectificarlas, todo el concurso queda bajo sospecha.La Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha expresado su rechazo a lo que considera "un acto de agresión a la estabilidad del sector". La conclusión más inmediata es que, se mire por donde se mire, el Gobierno catalán ha ordenado cerrar tres emisoras mediante un simple acto administrativo, sin que medie expediente sancionador ni decisión judicial. Y esto choca frontalmente con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional para proteger la libertad de expresión como pilar básico de la democracia.

No compartimos el modelo informativo y profesional por el que se rige la Cope, y con frecuencia hemos criticado su sectarismo. Pero la continuidad de sus emisoras, como las de otras empresas, no puede estar sometida al albur de un concurso que en cualquier caso tiene un alto grado de discrecionalidad. Ya hay demasiadas sospechas de favoritismo político en las concesiones de nuevas frecuencias -y no está de más que algunos ministros o presidentes autonómicos que vociferan contra Pujol revisen su propia casa- como para introducir el factor de castigo, también político, que supone el cierre de una emisora en activo. Sólo una corrección a tiempo puede evitar que sea el presagio sombrío de futuros imitadores.