El Gobierno anuncia que 304 huidos por su relación con ETA pueden regresar a España

El Gobierno anunció ayer oficialmente que 304 personas huidas por su presunta o pasada vinculación con ETA podrán regularizar su situación legal y regresar a España. La cifra supone más de la mitad de las aproximadamente 550 personas que el Ejecutivo calcula que se fugaron por estos motivos. No obstante, la situación no es la misma para los 304 casos. Casi la mitad podrán regresar sin ningún tipo de preámbulo legal, y las restantes, poco más de 150, tendrán que realizar algunos trámites judiciales ante la Audiencia Nacional para regularizar su situación.

El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, explicó ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que se ha dado aviso a las embajadas y consulados de España en los países en los que residen estas personas, básicamente Francia, México y Venezuela, para alertarles sobre su situación legal. La mayoría viven en la semiclandestinidad y con documentos de identidad falsos. El Ejecutivo ha habilitado, también, un teléfono en la Secretaría de Estado de Interior (91 537 19 51 / 52) y un fax (91 537 19 87) para que las personas huidas e interesadas en regularizar su situación se comuniquen con las instituciones del Estado.Asimismo, Piqué anunció que el Gobierno ofrece asesoramiento jurídico al grupo de personas -algo más de 150- que tienen pendiente ante la Audiencia Nacional la tramitación de papeles previa a la regularización de su situación legal. El portavoz del Gobierno se negó a ofrecer los nombres de los beneficiarios de esta situación para "garantizar la confidencialidad", pero fuentes gubernamentales aseguraron que estas personas no están inmersas "en ninguna causa inculpatoria".

Las 304 personas que pueden regresar son en su mayoría ciudadanos cuyos nombres aparecieron en sumarios judiciales tras las redadas policiales y que, en su muchos casos, ni siquiera fueron juzgados.

Revisión de la Audiencia

A instancias del Gobierno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha revisado a fondo y caso por caso la situación legal de las alrededor de 550 personas huidas por su presunta relación con ETA y ayer trasladó una comunicación oficial a La Moncloa. En ocasiones precedentes se realizaron revisiones parciales a instancias de algunos familiares de huidos interesados en conocer su situación legal. Tras el recuento, pormenorizado, la cifra de 304 personas que pueden regresar a España sin problemas superan las previsiones iniciales del Gabinete que estimaba una cifra entre 250 y 300.También supera esos cálculos la cifra de los casos de personas que pueden regresar sin ninguna causa pendiente, que en un primer recuento realizado hace quince días se situó en 82 personas. La estimación definitiva se acerca a las 150 y se refiere a casos que han sido sobreseídos o, en algunos casos, han prescrito.

El ministro portavoz confirmó ayer que algunas personas, próximas a los huidos, ya se han puesto en contacto con la Audiencia Nacional u otras instituciones del Estado interesándose por su situación legal. El Gobierno también estima que algunas de estas personas no regresarán porque han organizado su vida en otros países, pero podrán adquirir el pasaporte y visitar libremente España.

Del más de medio millar de personas huidas de España quedan excluidas de estas medidas algo más de 200. De ellas, unas 60 personas cumplen condena en Francia por pertenencia a ETA o por actuaciones relacionadas con la banda; otras 70 están juzgadas y condenadas en rebeldía en España y el resto son miembros activos de la organización terrorista, según las estimaciones del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo, José María Aznar, ha impulsado este procedimiento y ha centralizado en La Moncloa su seguimiento al enmarcarlo como una medida política dentro del proceso de paz en Euskadi. El ministro portavoz solemnizó la decisión del Gabinete al anunciarla tras el Consejo de Ministros y definirla como una muestra "del funcionamiento del Estado de derecho en España". "Las 304 personas no tienen nada que temer a su regreso a España", recalcó. "Lo único que se les pide es que acepten el libre juego democrático".

El proceso de paz

Piqué destacó que esta iniciativa muestra el interés del Ejecutivo por activar el proceso de paz en el País Vasco frente a los partidos nacionalistas del Pacto de Lizarra que le acusan de "inmovilismo". El ministro vinculó esta medida a la proposición de Ley de Víctimas del Terrorismo y a las medidas de flexibilización penitenciaria que, según recordó, se activarán si el proceso de paz se anima desde la otra parte.El primer anuncio de esta medida lo materializó el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el pasado octubre, un mes después de la declaración de la tregua indefinida de ETA. Fue una mera declaración de intenciones que levantó ciertas expectativas. En aquellos momentos, algunas personas huidas a países americanos por su pasada vinculación con la organización terrorista viajaron a Francia para seguir de cerca el proceso. La dilatación del proceso de paz, por la ausencia de conversaciones entre el Gobierno y ETA, hizo que muchas de estas personas regresaran a sus países de procedencia.

A partir de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reactivó la revisión de los casos a instancias del Ejecutivo. El pasado mes de abril ya se hizo público un primer recuento -que recogió este periódico- más modesto que esta primera estimación definitiva que ayer presentó el portavoz del Gabinete.

La dirección del PSOE hizo público ayer su apoyo a la decisión del Gobierno. Su secretario de Comunicación, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la medida de "paso adelante" en el proceso de paz en el País Vasco. Aseguró que "hace algún tiempo" había recibido información "pormenorizada" de la adopción de dicha medida por parte del Ejecutivo dentro de los cauces de comunicación mutua que el Gabinete que preside José María Aznar mantiene con el primer partido de la oposición.