El PSC insta a la Generalitat a explicar su relación con Cirsa

El grupo parlamentario del Partit dels Socialistes (PSC) presentó ayer una batería de 40 preguntas a la Generalitat sobre el proyecto de decreto para regular los bingos, con las que pretende aclarar si se han producido actuaciones administrativas en favor del grupo Cirsa, al que no se cita directamente. El PSC plantea que no se actúa contra actividades monopolistas en el sector y pregunta quién será el proveedor de las nuevas videoloterías que se autorizan en los bingos y si se adjudicarán por concurso o por contratación directa. También se piden explicaciones sobre los aplazamientos tributarios concedidos por la Generalitat a empresas del juego y cómo liquida sus tributos cada una de esas firmas. Los impuestos de los bingos son el principal tributo cedido a la Generalitat. Del mismo modo, el PSC reclama explicaciones sobre las facilidades dadas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a las empresas del juego mediante avales y préstamos. El ICF prestó 1.500 millones de pesetas en 1997 a International Holding Services, sociedad del grupo Cirsa-L&G. Los socialistas requieren información sobre por qué la Entidad de Juegos y Apuestas (EAJA) se otorga en exclusiva el juego interconectado en los bingos, así como por el porcentaje de la EAJA que se destina a política social. Una de las preguntas plantea que fijar un número máximo de salas (75, según el proyecto) "elevará artificialmente" el precio de éstas y plantea si el Consell Executiu considera razonable que tras la contingentación de las tragaperras (que supuso la reducción de unas 12.000 máquinas), los permisos de explotación se hayan revalorizado a unos cuatro millones cada uno.