Los pequeños bingos se rebelan contra el decreto que promueve la Generalitat

Los pequeños propietarios de salas de bingo de Cataluña han presentado un pliego de alegaciones contra el proyecto de decreto regulador de los bingos que promueve la Generalitat. La rebelión de los bingos se debe a que consideran que el Gobierno catalán favorece la concentración del negocio en pocas manos y les discrimina ante los gigantes como Cirsa. El Ayuntamiento de Barcelona también ha presentado alegaciones porque cree que favorece el monopolio, fomenta el hábito del juego, y excluye a los municipios.

Los pequeños propietarios de bingos de Cataluña creen que el reglamento elaborado por la Generalitat va contra el espíritu de la ley del juego. Rechazan cualquier procedimiento de acumulación o bote por salas de los premios, sea por bingo o por la EAJA. Esto, argumentan, favorecería la desaparición de los más pequeños y la tendencia a la concentración en pocas manos del negocio del bingo. La Generalitat obtuvo 24.345 millones de pesetas de los bingos el año 1998 y éste es el mayor de los tributos cedidos al erario catalán. En los últimos tiempos, el grupo Cirsa ha conseguido una importante posición en el mercado de los bingos hasta controlar 11 salas catalanas. La Generalitat concedió a Cirsa en 1994 un aplazamiento para el pago de las tasas de máquinas tragaperras por un importe de 8.900 millones de pesetas. "El grupo de Manuel Lao utilizó ese dinero para impulsar una operación de compra de bingos a fin de convertirlos en una segunda fase en minicasinos con videoloterías", según afirma Miguel Duran, secretario general de Aemar y representante de Recreativos Franco. Los pequeños propietarios aceptarían las nuevas videoloterías o sistemas interconectados con premios acumulados, siempre que la participación en el nuevo sistema fuera universal y sin exclusiones. Los minoritarios temen que un sistema nuevo de videoloterías -que acumulara el 2% de los premios para ofrecer una especie de cuponazo- quedará en manos del grupo L&G (Cirsa). Los bingos minoritarios alegan que resulta extraño que cuando la Generalitat debe cumplir la ley que insta a reducir el hábito del juego, y teniendo en cuenta que existen 68 bingos en funcionamiento, emita un decreto que limite el número de salas a 75 y no a las 68 existentes. Los minoritarios dicen que la ley del juego obliga a la Generalitat a impedir prácticas monopolistas en la gestión del juego. En este sentido, los bingos minoritarios no comprenden qué circunstancias socioeconómicas han cambiado en Cataluña para que se pretenda variar la actual limitación de aforo de estos establecimientos a 600 plazas y autorizar ahora la instalación de salas que puedan acoger hasta a 2.000 jugadores en el casco urbano de las ciudades. Algunos bingos tienen ya adquiridos locales conexos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona también ha presentado alegaciones. El consistorio argumenta que el proyecto puede suponer un riesgo social porque puede fomentar el juego, "lo que vulnera la normativa del juego y, en especial, la necesidad de reducir el uso y no fomentar el hábito", precisa en el escrito presentado ante el Departamento de Gobernación de la Generalitat. Competencias municipales Aunque el Ayuntamiento no cita ningún grupo concreto al frente de las salas de bingo, alega: "La falta de limitación en el número de salas de bingo que pueden ser gestionadas por una misma empresa de servicios comporta la posibilidad de concentración en una sola o en determinadas empresas". Además, el consistorio agrega que el proyecto vulnera el ejercicio legítimo de las competencias de la Administración local y recuerda que el actual reglamento del juego establece "un trámite donde el alcalde del municipio informa sobre posibles problemas de instalación por razones urbanísticas o sociales de la sala de bingo". El primer teniente de alcalde barcelonés, Xavier Casas, ha manifestado que el Ayuntamiento "no está dispuesto a dejarse colar un gol como éste, pisando competencias que ahora tiene". Casas puso como ejemplo el criterio municipal en el futuro casino de Barcelona -el de Sant Pere de Ribes, que será trasladado a una de las torres de la Villa Olímpica-, en el que ha limitado la zona donde se ubicarán las máquinas tragaperras, "precisamente para evitar el riesgo de fomentar el juego. Sin embargo, el proyecto de la Generalitat no pone limitación alguna".