Una Agencia Tributaria eficaz, con unos impuestos modernos

En los dos últimos años se ha realizado un enorme esfuerzo para modernizar el sistema tributario español, adecuándolo a las necesidades del nuevo entorno de globalización de la economía y de presencia en la moneda única europea. Esta reforma ha perseguido también el objetivo de mejorar la tributación de asalariados, pensionistas y familias.El sistema tributario, además de su carácter recaudatorio, constituye un instrumento esencial para el cumplimiento de los objetivos de la política económica y para una distribución justa de la carga tributaria, y por ello es necesario adecuarlo para una más eficiente consecución de dichos objetivos. En España arrastrábamos un sistema tributario diseñado a finales de los setenta, que ya no resultaba útil en el nuevo contexto socioeconómico. Indudablemente, las medicinas que curaban enfermedades hace 20 años no conservan la misma eficacia a final de los años noventa.

A finales de los años setenta, el crecimiento estaba garantizado a niveles altos, el ahorro era suficiente para cubrir las necesidades de inversión y la economía era bastante cerrada, regulada y organizada territorialmente bajo la tutela del Estado. Hoy, sin embargo, la economía se caracteriza por ser una economía abierta, desregulada, menos intervenida y organizada territorialmente en un Estado de las autonomías. El sistema fiscal vigente hasta ahora se había quedado obsoleto y era necesario modificarlo sustancialmente por uno nuevo que incentivara el crecimiento, el empleo y el ahorro, y tuviera en cuenta la globalización y el Estado de las autonomías.

Este cambio comenzó tímidamente en el año 1995 con la aprobación del nuevo impuesto de sociedades y continuó con mayor intensidad cuando el Partido Popular asumió la responsabilidad de gobierno. En junio de 1996 se aprobó un decreto-ley que modificaba la tributación del ahorro, mejoraba el marco fiscal para la internacionalización de las empresas españolas y bajaba la tributación de las pequeñas y medianas empresas.

Posteriormente se avanzó en la mejora de un marco tributario con el fin de facilitar la sucesión de los negocios familiares y de la vivienda familiar. Paralelamente se diseñó un nuevo marco fiscal para las pequeñas y medianas empresas, mediante la creación de un nuevo sistema de estimación directa simplificada y de un sistema de módulos más ajustado a la realidad, con el objetivo de acercar su tributación a la realidad económica y fomentar la creación de empleo y la inversión. Y, por último, el pasado 1 de enero de 1999 entró en vigor un nuevo IRPF. Este impuesto constituye la columna vertebral del sistema impositivo, tanto por su importancia recaudatoria como por su incidencia en la creación de empleo, la formación del ahorro y la financiación de la economía a largo plazo, como por su generalización, ya que a casi todos los ciudadanos el nuevo impuesto se ha diseñado con una estructura nueva en la que se incluye un mínimo personal y familiar, que tiene en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, novedosos tratamientos para discapacitados, tratamiento neutral del ahorro, diferentes incentivos para la compra de vivienda... y elimina la obligación de declarar a uno de cada tres de los contribuyentes actuales. Se rebaja, además, la tributación a todos los contribuyentes, pero especialmente a asalariados, familias y pensionistas.

Junto a estas reformas se ha aprobado la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, que equilibra las relaciones entre la Administración y los ciudadanos y avanza en la democratización del sistema tributario procurando un mayor grado de aceptación del mismo por parte de los contribuyentes. Esta ley establece el marco de referencia jurídica para el contribuyente, concretando sus derechos y garantías fundamentales frente a la Hacienda pública, clarifica sus posibilidades de actuación y pone en marcha un modelo caracterizado por la colaboración en lugar de por la confrontación.

Tanto la nueva Ley de Derechos y Garantías -vulgarmente conocida como Estatuto del Contribuyente- como la reforma y modernización del sistema tributario en su conjunto plantean retos importantísimos a la Administración tributaria. De hecho, el éxito de la reforma depende en buena medida de la capacidad de gestión y adaptación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es la organización administrativa responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario.

El Parlamento es consciente de las nuevas tareas que debe afrontar la Agencia y, con un gran consenso por parte de los grupos, ha comenzado a buscar fórmulas que permitan una mayor transparencia y un mejor control parlamentario de sus funciones y de la aplicación que realiza del sistema tributario.

En los dos últimos años se ha informado al Parlamento periódicamente de las actividades y los resultados de gestión, recaudación e inspección de la Agencia; se ha debatido el "imprescindible" plan de modernización que debía implementarse y se ha aprobado un precepto legal en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para 1999, que permitirá una más eficiente reorganización de los excelentes recursos humanos con que cuenta la Agencia.

La Agencia Tributaria orienta sus actividades en una doble dirección. Por un lado, trabaja para que el ciudadano encuentre cada vez más facilidades en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales; por otro, desarrolla tareas de control para evitar el fraude fiscal, potenciando la investigación y prestando especial atención a la lucha contra el fraude más cualificado y a las tramas de fraude organizado.

En uno y otro empeño, la Agencia debe actualizar la tecnología que utiliza, potenciar la continua formación de su personal y ajustar su organización para garantizar la máxima eficacia de su labor.

En el área de asistencia y ayuda a los contribuyentes, la Agencia ha realizado grandes esfuerzos para facilitar al máximo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Estos esfuerzos están dando sus frutos, ya que se han alcanzado resultados espectaculares en el número de declaraciones confeccionadas con el programa PADRE, la cada vez mayor utilización del servicio de información telefónica o de Internet y la agilización del proceso de devoluciones. En el área de recaudación, la Agencia está consiguiendo unos excelentes resultados, que ponen de manifiesto una mejora en la lucha contra el fraude. El incremento de la recaudación por encima del PIB nominal o el incremento de la recaudación por IVA, sin haber aumentado los tipos, por encima del consumo indican que se está produciendo un afloramiento de la economía sumergida.

En materia de control e inspección, la Agencia presentó un plan bianual contra el fraude en julio de 1996. Este plan ahora se continuará con el Plan General de Control Tributario, que será debatido en el Parlamento y en el que se deben contemplar de forma única e integral las actividades a realizar por todas las áreas con competencias en esta materia. Se debe lograr un modelo de lucha contra el fraude que responda a los retos de un entorno globalizado donde se intenta el fraude mediante redes internacionales y donde se hace necesario luchar contra el fraude más cualificado.

En el entorno del euro, y con una globalización creciente de la economía, se necesita un sistema tributario moderno y eficiente que impulse el crecimiento, la generación de empleo y la inversión y distribuya con equidad la carga tributaria. Y se necesita, además, una Agencia moderna, transparente, que implemente eficazmente las reformas y que luche con eficiencia, tanto con medidas preventivas y de ayuda al contribuyente como con medidas de inspección y control a la lucha contra el fraude.