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La Junta autoriza la expropiación de 3.816 hectáreas para el corredor verde de Doñana

El Consejo de Gobierno de la Junta andaluza aprobó ayer un decreto que autoriza la expropiación forzosa, por la vía de urgente ocupación, de 3.816 hectáreas afectadas por el proyecto del corredor verde del Guadiamar, para lo que se librarán 8.785 millones de pesetas. Con este decreto -que incluye 258 fincas repartidas entre los municipios sevillanos de Analcázar, Benacazón, Huévar, Olivares, Puebla del Río, Sanlúcar, Villafranco y Villamanrrique- Andalucía se convierte en la primera autonomía que inicia una expropiación por razones medioambientales de utilidad pública.

No obstante, el decreto excluye de la expropiación a los titulares de 81 parcelas que, habiendo aceptado la tasación formulada con la Consejería de Agricultura, están pendientes de tramitar su venta. Estos propietarios deberán formalizar las escrituras antes del 15 de junio. Según informó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, hasta el momento la Consejería de Agricultura ha tramitado 125 expedientes de las 180 ofertas de ventas de tierras afectadas por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar. De los 125 expedientes cumplimentados, 90 parcelistas (lo que supone una superficie de 1.463 hectáreas) se muestran conformes con el precio, aunque sólo 26 tienen ya las escrituras. Unos 50 están pendientes de que sean otorgadas y el resto de solucionar otros trámites. Los propietarios que no están dispuestos a vender sus tierras cuentan con el apoyo de la patronal Asaja-Sevilla, cuyo presidente, Ricardo Serra, aseguró ayer en un comunicado que la organización presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) para que se suspenda el proceso. En la nota, Serra afirma que la expropiación "ni es necesaria, ni es forzosa, ni es urgente ni es de utilidad pública", y más bien de trata de una "estrategia rocambolesca" de la Junta para hacerse con la propiedad de la vega del Guadiamar. La patronal agraria sostiene que no hay necesidad de expropiar un año después de la catástrofe porque se han retirado los lodos y aún se mantiene la prohibición de labrar las tierras. Asaja demanda a la Administración andaluza "cordura y que no construya un corredor faraónico". Blanco admitió, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que este recurso podría paralizar el proceso y alertó sobre la posibilidad de que algunos terrenos con elevados niveles de arsénico no respondan al tratamiento con óxido de hierro. No obstante, el consejero advirtió de que el recurso sólo es viable contra la urgente ocupación y no la expropiación -que se aprobó el pasado 28 de diciembre con la ley de acompañamiento de los presupuestos- y confío en que no llegue a prosperar por la urgencia de iniciar ya las tareas de regeneración. El decreto aprobado ayer deja claro que la expropiación para el corredor verde del Gudiamar afecta tanto a las zonas alcanzadas por el vertido tóxico como a otras que, pese a no estar contaminadas, son necesarias para el proyecto. También subraya que si no se actúa de inmediato el corredor puede ser inviable. Las previsiones de la Consejería de Medio Ambiente son comenzar en verano las tareas de preparación de suelos y movimientos de tierras para en otoño, a la llegada de las lluvias, proceder al repoblación forestal masiva y la regeneración vegetal. El corredor verde, que unirá los espacios naturales de Dañosa y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a los largo de un pasillo forestal de 114 kilómetros de longitud, tiene un presupuesto de unos 30.000 millones de pesetas, incluido lo realizado hasta ahora. La Junta andaluza espera una cofinanciación comunitaria de al menos el 50%. La segunda limpieza del río Guadiamar y de la zona de Entremuros comenzará esta semana o la próxima, según anunció el secretario general de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, informa Efe. El último informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), afirma que el 11% de las 250.000 aves de Doñana presentan altas concentraciones de zinc, una de las razones por las que urge ejecutar esas labores de descontaminación. Muriel añadió que existe "pleno acuerdo entre las administraciones y los técnicos de lo que hay hacer", es decir, una "limpieza de aún mejor calidad en Entremuros y en el lecho y cauce del Guadiamar". Blanco había ofrecido con anterioridad la colaboración de la Junta en los trabajos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 1999

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