Urbanismo paraliza de nuevo la aprobación de Puerto Triana por el exceso de edificabilidad

El desarrollo urbanístico de la zona sur de la Isla de la Cartuja volvió ayer a quedar en suspenso, tras ser excluido del consejo de la Gerencia de Urbanismo con la aquiescencia de todos los grupos políticos. Un informe del servicio de planeamiento desmonta el proyecto casi al completo, al señalar que su contenido podría exceder el marco jurídico de la modificación puntual por pretender usos distintos y disparar el incremento de edificabilidad comercial. El gobierno municipal (PP-PA) rechazó ayer la creación de una comisión para investigar el derrumbe de un edificio de la calle Bustos Tavera, que mató a una joven en Sevilla, con el argumento de que está en manos de la justicia.

El informe emitido por el servicio de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo advierte que la propuesta de convenio de Puerto Triana significa "una alteración del carácter de espacio vacío" incluida en el PGOU y "altera" el modelo funcional del parque, al introducir usos privados y otros no previstos para la zona. Además, alerta sobre un incremento de la edificabilidad total de la Isla en 83.380 metros cuadrados sobre lo contemplado en el planeamiento vigente. Estos cambios, según los técnicos, "pueden suponer por sí solos una modificación significativa de la estructura funcional y orgánica del territorio". Por tanto, concluyen, podría requerir una revisión del PGOU y no una mera modificación puntual, que decidirá la asesoría jurídica. Los usos propuestos para la zona sur de la Isla de la Cartuja, en el proyecto de Puerto Triana, Agesa y la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, contemplan un centro comercial y de ocio de 72.890 metros cuadrados, que duplicaría a la media de las previstas en el PGOU. "Un área terciaria de unas dimensiones y una escala inusuales en la ciudad", alegan. Tampoco el análisis técnico sale mejor librado en el informe, que critica la "insuficiente documentación" y la inconcreción del futuro del Pabellón de los Descubrimientos o de los efectos sobre la ribera del río. A estas pegas, los técnicos de la Gerencia suman las repercusiones que generaría el proyecto para el entramado comercial y sobre el tráfico. Este informe, ultimado 24 horas antes, decidió ayer a los grupos políticos a retirar del orden del día del consejo de la Gerencia de Urbanismo la propuesta. La alcaldesa Soledad Becerril justificó el aplazamiento para estudiar el informe, pero dejó clara su voluntad de "ordenar" la zona con nuevos usos. Por otra parte, el gobierno municipal (PP-PA) rechazó ayer la creación de una comisión de investigación sobre el desplome de un edificio de la calle Bustos Tavera, como reclamó la oposición, al considerar que está en manos judiciales. El delegado de Urbanismo, Mariano Pérez de Ayala, volvió a apuntar que la responsabilidad podría obedecer a errores en la ejecución de la obra de rehabilitación. El pleno aprobó una revisión presupuestaria de 100 millones de pesetas para costear la inspección extraordinaria de los edificios que podrían entrañar algún riesgo por su estado. La sesión de ayer fue la segunda de este mandato en registrar una división del voto entre el PP y el PA, que apoyó la moción socialista para exigir al Gobierno estatal el reconocimiento del censo y el apoyo al recurso de inconstitucionalidad del Parlamento andaluz a los Presupuestos Generales del Estado para 1999.