Ruiz-Gallardón protegió la Casa de Campo "ante su degradación"
La batalla entre las dos mayores administraciones madrileñas (el Ayuntamiento y la Comunidad) por el control sobre la Casa de Campo continúa. El presidente Alberto Ruiz-Gallardón atizó ayer el fuego de la polémica al declarar que la protección de la Casa de Campo aprobada en febrero se debió a que su Gobierno "no podía estar cruzado de brazos ante la progresiva degradación de la Casa de Campo". La gestión del parque depende del gobierno de José María Álvarez del Manzano.
Alberto Ruiz-Gallardón explicó que, en política, los intereses de los ciudadanos están por encima de decisiones de comodidad política. El presidente aseguró que tras analizar el estado de la Casa de Campo se observó una grave degradación acumulada durante muchos años. La falta de conservación de la Casa de Campo no podía imputarse de forma exclusiva al actual equipo municipal. Por eso, la Comunidad decidió proteger el parque con la legislación regional, al declararlo bien de interés cultural. Con esta catalogación, cualquier nueva obra dentro de la Casa de Campo tendrá que ser autorizada previamente por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad. "En política hay veces que hay que adoptar decisiones que no siempre son gratas. Se pueden imaginar que para mí adoptar ésta, que supone una discrepancia de criterios con un Ayuntamiento tan importante como es el de Madrid y con un alcalde tan querido para mí como es José María Álvarez del Manzano, no es precisamente una decisión placentera", confesó el presidente autonómico.
El titular del Ejecutivo regional recordó que la declaración de bien de interés cultural no supone "ninguna injerencia" en el derecho de la propiedad. No piensa lo mismo el Ayuntamiento: un informe municipal del área de Medio Ambiente, que ha avalado la decisión del gobierno municipal de recurrir la decisión regional, resumía así su opinión: "Se trata, una vez más, de una injerencia injustificada por parte de la Comunidad en las competencias municipales".
Ruiz-Gallardón lo niega: "Es una decisión encaminada a mantener el patrimonio colectivo de los ciudadanos. Nosotros no habríamos estado a la altura de nuestras responsabilidades si no hubiésemos utilizado los mecanismos que la Asamblea nos da para proteger zonas que sufren degradación. Ésa es la razón por la que declaramos bien de interés cultural a la Casa de Campo desde el más absoluto respeto a sus gestores".
El recurso del alcalde, que será ratificado el viernes en el pleno municipal, plantea ante el juez que la declaración de bien de interés cultural de la Casa de Campo puede entorpecer la marcha de varios proyectos municipales que ahora se llevan a cabo en el parque. Entre ellos se cuenta el de la repoblación de la flora y la fauna, que cuesta 600 millones de pesetas y que financia en parte la Unión Europea.
El concejal de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, señaló que, según sus técnicos, la declaración de bien cultural llena de burocracia los planes de regeneración de la Casa de Campo. "Se corre el riesgo de que necesitemos permiso hasta para plantar árboles", explicó el edil.
Actualmente, en la Casa de Campo, tanto el Parque de Atracciones como el Zoo están embarcados en importantes procesos de transformación. El Ayuntamiento teme que, con el control de la Comunidad, estas dos instalaciones tengan que desaparecer. El Gobierno asegura que los dos complejos podrán seguir funcionando.
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