Olor a chamusquina

La renuncia a sus escaños de los dos parlamentarios populares implicados en el caso Zamora, relacionado con la financiación irregular del PP a través de donativos empresariales clandestinos, se ha producido varias semanas después de que el Supremo solicitara de las Cámaras la preceptiva autorización para su eventual procesamiento. ¿Cuáles han sido los verdaderos motivos de esa inesperada dimisión, que implica (salvo la aparición de un nuevo aforado) la devolución del sumario al Tribunal Superior de Castilla y León o a la Audiencia de Zamora? Los populares han cubierto de elogios al diputado Peñalosa y al senador García Carnero -supuestamente deseosos de acelerar la acción de la justicia- por su decisión de abandonar el escaño y el correlativo privilegio procesal del fuero parlamentario; según los socialistas, por el contrario, la renuncia ha sido forzada por la dirección del PP, alarmada ante algunas declaraciones testificales que comprometen directamente al presidente Aznar, para ganar tiempo en plena campaña electoral y para jugar la carta de encontrar un juez instructor menos competente, riguroso e independiente que el magistrado Martín Pallín. Los sumarios arrastrados hacia el Supremo por la fuerza de la gravedad del fuero parlamentario han provocado lamentables reacciones en algunos dirigentes de los partidos implicados por las actuaciones judiciales. El sobreseimiento del caso Naseiro a causa de la nulidad de las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas fue precedido por las airadas denuncias de significados portavoces del PP -atrapado en un episodio flagrante de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana- contra la politización partidista de la justicia. Dos sumarios instruidos y fallados también por el Supremo sentaron en el banquillo a parlamentarios socialistas: el diputado Navarro y el senador Sala, en el caso Filesa, y el diputado Barrionuevo, en el caso Marey. Las intemperantes y descalificadoras críticas lanzadas contra ambas sentencias condenatorias por los acusados y por destacados dirigentes del PSOE causaron un grave daño a la imagen de imparcialidad del Supremo. Parecida suerte corrió el alto tribunal a manos de HB tras la condena de los miembros de su Mesa Nacional.

Los riesgos de deslegitimación política de las instituciones judiciales siempre que las sentencias son desfavorables a los intereses de algún partido llevarían a recibir con alivio la renuncia al escaño y al correspondiente fuero procesal de los dos parlamentarios del PP. Por lo demás, el Supremo, encargado de unificar la jurisprudencia y de resolver los recursos de casación, no está técnicamente preparado para las diligencias sumariales que el privilegio procesal del fuero parlamentario exige. De añadidura, la concentración de la instrucción y del juicio oral en una sola instancia no sólo priva a los acusados de la posibilidad de recurrir ante un nivel superior sino que crea además los riesgos de nulidad por contaminación derivados de la intervención de algunos magistrados en varias actuaciones.

El Tribunal Constitucional ha reducido el ámbito de aplicación del suplicatorio (la previa autorización de las Cámaras) y del fuero procesal (residenciado en el Supremo) concedidos por el artículo 71 de la norma fundamental a los parlamentarios acusados de delitos: justificadas hace un siglo por las invasiones del Ejecutivo sobre el Legislativo, ambas instituciones son hoy privilegios de discutible fundamentación. Resulta improbable que el diputado Peñalosa y el senador García Carnero hayan renunciado a sus escaños en nombre de la igualdad de la ley. El caso Zamora huele a chamusquina: todo hace suponer que los dos parlamentarios del PP han emprendido una huida en pelo del Supremo para eludir una instrucción que estaba llegando al corazón de la organización del PP y al entorno del hoy presidente del Gobierno y entonces presidente de la Junta de Castilla y León. La forzada interrupción de las investigaciones sumariales del magistrado Martín Pallín, lograda mediante la renuncia de los dos imputados a su escaño y a su fuero procesal, permitirá ahora al PP replantear toda su estrategia jurídico-procesal para aplazar y minimizar los costes de un escándalo político-financiero de financiación irregular del partido que ha salpicado ya en el rostro al propio Aznar.