Más de 100.000 trabajadores sufrieron el pasado año accidentes laborales en Andalucía
Varón, entre 25 y 34 años, trabajador de una empresa con menos de cinco empleados y con contrato temporal. Ese es el perfil de las víctimas de accidentes laborales en Andalucía. Los datos que maneja la Junta sobre la siniestralidad en la comunidad no son buenos: el año pasado se accidentaron 107.601 trabajadores, un 12% más que en 1997 (94.746). Pese a este incremento, la región pasó del puesto 13 en el listado nacional de siniestralidad al 14, ya que en otras comunidades el número de accidentes aumentó más. Sólo Galicia, Extremadura y Madrid registraron índices inferiores a los andaluces.
El aumento sostenido de la siniestralidad es un fenómeno generalizado en toda España que, paradójicamente, coincide con la puesta en marcha hace tres años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aunque la media andaluza (5,1) está por debajo de la nacional (5,3), el director general de Trabajo de la Junta, Antonio Márquez, no oculta su disgusto: "Estamos tardando demasiado en España en dar un correcto cumplimiento a las obligaciones en materia de salud laboral debido a la falta de información y conocimiento por parte de empresarios y trabajadores, pero fundamentalmente por parte de los empresarios, en tanto que el deber de seguridad nace del propio contrato". Para Márquez, la ley es buena, pero falla su aplicación. Del total de accidentes registrados en 1998, 155 fueron mortales (un 15% más que en 1997), 2.303 graves y 105.143 leves. Las provincias que experimentaron un mayor aumento fueron Málaga (23% ), Almería (17%), Granada (14%) y Jaén (13%). Por sectores, casi la mitad correspondió a los servicios (44.771 de 107.601). Entre los accidentes mortales se da la misma relación, ya que de los 155 casos, 74 se registraron en el sector terciario, frente a 27 de la construcción, 27 en industria y 27 en agricultura. Por sexos, la diferencia es abismal: el 85% de los accidentados fueron hombres, un dato que se atribuye a que hay mas población ocupada masculina y a que la mayor parte de las tareas peligrosas son desarrolladas por varones. Los datos de la Junta son exhaustivos: la mayoría de los empleados (23%) trabajaba en empresas de menos de cinco personas y tenía un contrato temporal (73%). Para la Junta, estas cifras permiten concluir que tanto el tamaño de la sociedad como la modalidad contractual inciden negativamente; en el primer caso porque las estructuras de prevención son precarias y en el segundo porque no es posible una formación continuada. Con todo, dos de cada tres accidentes mortales se debieron a causas no propiamente laborales: colisiones de tráfico, lesiones cardiovasculares, agresiones entre trabajadores o razones de fuerza mayor, como el accidente aéreo de Melilla, en el que fallecieron siete personas que cuentan en las estadísticas porque murieron dentro de su jornada laboral. La Junta apunta el hecho de que cada vez los empleados deben recorrer una distancia mayor para ir a su puesto de trabajo, lo que añade fatiga y estrés, y que hay una "excesiva temporalidad" provocada la subcontratación. Con estos datos en la mano, la Dirección General de Trabajo cree que unos de los ejes del próximo Pacto Andaluz por el Empleo debe ser la seguridad laboral. La Junta ya ha consensuado con los agentes sociales un Plan de Riesgos Laborales que pretende ahondar en la prevención y en el que invertirá unos 500 millones de pesetas para la formación de 120.000 trabajadores, 7.000 empresarios y más de 1.000 técnicos. Márquez no oculta su malestar con la "insuficiente" dotación de inspectores que pone a su disposición el Gobierno central: "Además, las inspecciones del Ministerio están más orientadas hacia el control del fraude de la Seguridad Social y prestaciones que hacia una correcta atención a la prevención de riesgos", dice. De todos modos, la administración andaluza cree que a más inspectores habría más multas, pero no una disminución de los accidentes. "Lo que hay que hacer", insiste Márquez, "es prevenir".
