Al margen del reparto

Las intenciones del presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, de desmantelar en un año los poblados marginales vallecanos de La Celsa y La Rosilla, y realojar a sus 274 familias en viviendas sociales por toda la región, ha abierto la caja de los truenos. Ayuntamientos como Getafe, del PSOE, y Alcalá de Henares, del PP, que han recibido en los últimos dos años a 28 de estas familias, no quieren admitir más. Aducen que la capital tiene que resolver sus propios problemas de marginación sin involucrar en ello a los municipios colindantes. Hace unos meses, también las asociaciones de vecinos del Puente de Vallecas se quejaban de que su distrito haya asumido 137 familias chabolistas desde 1995, frente a otros, como Moncloa, Chamberí o Tetuán, que no han acogido ninguno.

En toda esta polémica no se habla de cualquier chabolismo, sino del de las 2.600 familias, la mayoría gitanas, a las que en 1986 se les prometió una vivienda digna tras haber quedado fuera de los 36.000 pisos entregados en los barrios en reforma. Además de las habituales tensiones entre payos y gitanos, estas familias tienen un estigma muy especial: muchos de sus poblados se han convertido en hipermercados de la droga. Sólo un grupo se ha hecho de oro, pero la mala fama ha caído sobre todos.

El viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Peral, argumenta: "Realojamos chabolistas en aquellos barrios y municipios donde tenemos más viviendas sociales; algunos de ellos están en el sur, pero no todos". "Como en cada bloque no podemos meter más de un 10% de familias chabolistas de minorías étnicas para evitar los guetos, las posibilidades se limitan aún más", añade. A lo que el alcalde de Getafe, Pedro Castro, replica que si en su municipio existen más pisos sociales es porque él cede suelo a la Comunidad para que construya. "Eso mismo podrían hacer otros municipios, como Pozuelo, Majadahonda o Las Rozas, que siempre se libran de todos estos problemas", añade. Pero los dedos no sólo acusan a los pueblos del oeste rico. La secretaria de bienestar social de la Federación Socialista Madrileña, Margarita Pedruelo, dirige sus dardos al Ayuntamiento de Madrid. "Si tiene que recurrir a la solidaridad de otros pueblos para resolver sus problemas de marginación es porque no dedica los recursos necesarios a hacerlo", afirma.

El mapa de realojamientos, iniciado en 1986, se concentra en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, Carabanchel, Usera, Latina, Vicálvaro, San Blas y Villaverde, que son los que concentran la mayor densidad de viviendas sociales. Pero también en ellos hay mayores problemas de paro, analfabetismo y marginación, lo que provoca quejas vecinales cuando las instituciones apelan a su solidaridad.

"Vallecas siempre ha sido un barrio solidario, pero también con más problemas que otros; por eso su capacidad de asumir a más familias marginadas está al límite", afirmaban los representantes vecinales cuando el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, les tachó de "racistas" por quejarse del abultado número de realojamientos en la zona.

En los últimos años, las instituciones han recurrido a un nuevo sistema para dotar de viviendas dignas a los chabolistas: comprarlas en el mercado libre y alquilárselas a ellos a precio de vivienda social. En teoría, los pisos se adquieren en cualquier barrio, pero la realidad del mercado limita esta teoría. Se destinan cerca de 10 millones por vivienda, con lo que, al final, la mayoría de los 300 pisos comprados en estos años se encuentran en los mismos distritos que los públicos.

Peral asegura que existe el propósito de corregir estas desigualdades. "Estamos llegando a acuerdos con los ayuntamientos del oeste para edificar en ellos pisos sociales y también hemos decidido adquirir viviendas en distritos como Chamartín o Chamberí, aunque nos cuesten algo más caras", asegura.

A veces, las pegas para trasladarse a zonas que no sean la periferia sureste llegan desde las propias familias a realojar. Un trabajador social explica que el Ayuntamiento de Madrid cedió un piso de la calle del Amparo, en Centro, para realojar chabolistas y que nadie quiso ir. Acostumbrados a las zonas abiertas de la periferia, el dédalo de callejas de Lavapiés era para ellos un laberinto.

De las 825 familias realojadas desde junio de 1995 (fecha en que el PP entró en el gobierno regional) hasta febrero de este año, 741 han sido realojadas en el municipio de Madrid; la mitad de ellas, en barrios del sureste, y el resto, en otras localidades. Los municipios que han asumido más familias son Leganés (22), Alcalá de Henares (14), Getafe (14) y Tres Cantos (13).

La mayor parte de estas familias han sido alojadas en pisos, salvo 216, trasladadas a barrios de casas bajas, como La Rosilla, Las Mimbreras (Latina) o El Cañaveral (Vicálvaro).

En la actualidad existen en Madrid ocho asentamientos de casas bajas, incluyendo los ya sentenciados a la demolición, como La Celsa, La Rosilla o Jauja (Latina). A excepción de La Quinta y el Cerro de las Liebres, ambos en Fuencarral, todos los demás se encuentran en los ocho distritos del sur y este. También los mayores poblados chabolistas se encuentran en esa misma zona: El Salobral, en Villaverde; el Pozo del Huevo y Las Barranquillas, en Vallecas Villa, y La Chuletera, en Carabanchel. De los distritos del norte, sólo Fuencarral vive una situación similar. Allí se encuentran los poblados de realojamiento de La Quinta y el Cerro de las Liebres, el poblado chabolista habitado por inmigrantes portugueses de Pitis y el asentamiento rumano de Malmea.

El desmantelamiento de La Celsa y La Rosilla, reclamado reiteradas veces por el movimiento vecinal y que la oposición tacha de electoralista, ha despertado una vieja polémica, la que enfrenta al noroeste y al sureste de la región.