El instructor del "caso Zamora" pregunta al fiscal si debe citar al diputado popular Ortiz

El instructor del caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, pidió ayer un informe al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sobre la conveniencia de citar como imputado al diputado del PP Luis Ortiz para que declare sobre si indujo al constructor Antonio Sangregorio a la comparecencia notarial en la que negó haber entregado dinero para la campaña de José María Aznar a la Junta de Castilla y León. Poco después de reclamar el juez este informe, el fiscal del Estado se anticipó declarando que el Supremo ya no es competente para instruir la causa.

El constructor Sangregorio, que confesó haber pagado un millón para la campaña de Aznar y 500.000 pesetas como donativo a Alianza Popular, afirmó también que los diputados Luis Ortiz y José Manuel Peñalosa (ya dimitido) le prometieron adjudicaciones de obras para solventar una deuda de alrededor de 20 millones de pesetas, si declaraba ante notario que nunca había aportado dinero a Aznar. Ortiz, antiguo ministro de la Vivienda con UCD, también fue citado por otro de los denunciantes del caso, el concejal del CDS Luis Rodríguez Sanleón, como supuesto participante en una recalificación irregular de terrenos en el llamado Polígono de Cárnicas, de Zamora.

Pese a estar pendiente de informe la eventual comparecencia de Ortiz ante el instructor, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, , terció para proclamar inmediatamente que el Supremo ha dejado de ser competente para instruir el caso Zamora después de que los parlamentarios del PP José Manuel Peñalosa y Dionisio García Carnero renunciasen el jueves a sus escaños. Ayer la Presidencia del Congreso rechazó una pregunta al Gobierno presentada por los socialistas respecto a esas dimisiones con el argumento de que en las sesiones de control del Ejecutivo no se deben incluir actuaciones de parlamentarios concretos.

Según fuentes jurídicas, el pasado septiembre una intervención interna de Cardenal fue decisiva para reducir a una simple denuncia la querella que inicialmente había preparado la Fiscalía Anticorrupción en el caso Zamora. Dado que la única manera de que la causa siga en el Tribunal Supremo sería la eventual imputación del diputado Ortiz, la declaración de ayer de Cardenal se anticipó al fiscal Anticorrupción con una clara indicación de por dónde debe ir el dictamen. Los "órganos natos" para instruir los procesos, dijo Cardenal a Efe, son "los juzgados de instrucción". Y añadió que la llegada de cerca de 30.000 folios a un pequeño juzgado de Zamora no tiene porqué ser un impedimento para que la causa se tramite normalmente, porque "ése es un problema de medios y de personal, no de competencia".

Tras pedir el informe de Anticorrupción, el instructor del Supremo decretó la suspensión de los seis interrogatorios previstos para la próxima semana a la espera de que la Sala Segunda se pronuncie sobre la competencia. Al ser la dimisión de ambos parlamentarios un hecho público y notorio, el instructor no ha considerado necesario esperar la notificación oficial de las cámaras para poner el asunto en conocimiento de esa Sala.

Será por tanto ésta la que, a partir de la próxima semana, decidirá si declina su competencia en favor de un juzgado de Zamora. El próximo martes, el Congreso y el Senado comunicarán oficialmente la renuncia de Peñalosa y Carnero y a partir de entonces el alto tribunal decidirá sobre su competencia en la causa.

Frente al optimismo del fiscal del Estado, fuentes del Supremo cuestionaron que la causa vaya a discurrir con igual rapidez en Zamora, localidad donde los jueces de primera instancia e instrucción tiene que dictar sentencias tanto civiles como penales. Al menos, las diligencias realizadas en Madrid por el instructor del Supremo -que ha tomado declaración en apenas un mes a 34 personas- no tendrán que ser reproducidas en Zamora si la causa, como parece previsible regresa allí en algunas semanas. En su caso, el instructor también deberá remitir a Zamora los disquetes que contienen los numerosos datos de movimientos bancarios del PP que Martín Pallín había solicitado y que los dos peritos contables designados por Hacienda no han tenido tiempo de examinar. La designación de los peritos en principio subsiste, a menos que el nuevo instructor disponga otra cosa.

Entre las diligencias que han debido ser suspendidas, la más esperada era el interrogatorio, el próximo 11 de mayo, del constructor Miguel Vecino, quien debía despejar el empate entre los supuestos contribuyentes de la campaña de Aznar. Cesar Martínez Omaña había declarado que "nunca jamás" pagó, y Sangregorio aseguró que entre los tres entregaron tres millones a Aznar.