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Tribuna:

Deuda y pobreza. ¿Hay solución a la vista?

El autor reclama una solución urgente y efectiva para condonar la deuda de los países pobres.

La reforma de la iniciativa de condonación para los países pobres altamente endeudados (HIPC) es uno de los puntos que están sobre la mesa de las grandes discusiones económicas en todo el mundo. Después de tres años, la iniciativa HIPC ha incumplido su promesa inicial, logrando un alivio que se ha quedado corto y ha llegado demasiado tarde. Sólo tres países se han beneficiado hasta el momento de esta iniciativa, y uno de ellos -Uganda- se vuelve a enfrentar de nuevo a una situación insostenible de su deuda. En cuanto al resto, la mayoría tendrá que esperar al menos hasta el 2000 para poder ver algún resultado. Los Gobiernos acreedores, incluido el español, son conscientes de que la HIPC no está dando los resultados esperados. El Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia han realizado propuestas para su reforma y existe un consenso en que el alivio efectivo de la deuda debería llegar a los tres años, en vez de a los seis. Éstas son, sin duda, buenas noticias para países como Honduras, Nicaragua, Nigeria y Tanzania, que, en los actuales términos, no estarían calificados para la iniciativa hasta después del 2002.

La propuesta de lograr un alivio de la deuda más profundo también está siendo tenida en cuenta, después de mucho tiempo. Cuando Mozambique se beneficie de la HIPC, a finales de este año, se ahorrará sólo 11 millones de dólares del servicio de la deuda, sobre un total de 108millones. En un país donde uno de cada cinco niños muere antes de cumplir su quinto cumpleaños, donde la mitad de la población con edad de ir a la escuela primaria está sin escolarizar, el pago de la deuda continuará absorbiendo más presupuesto que el de salud y educación primaria combinados. Definir tales situaciones como "deuda sostenible" -tal y como hace la iniciativa HIPC- es absurdo en términos económicos e inaceptable en términos morales.

El nuevo ambiente político que se ha creado en relación con el problema de la deuda refleja la fuerza de las protestas públicas y el trabajo en campañas. Desde el último mes de junio, cuando cerca de 70.000 personas formaron una cadena humana en Birmingham para pedir al grupo de los ocho países más industrializados del mundo el perdón de la deuda, los ministros de Economía saben que están en el punto de mira. El peligro, sin embargo, es que esta presión política se vea vencida por las ofensivas de imagen puestas en marcha por los acreedores.

Por las palabras de ánimo y las propuestas de reforma, se diría que los ministros de economía del Norte son como un grupo de caballos sin jinete, en plena carrera: cada uno de ellos está intentando desesperadamente defender su paquete de medidas, pero adolecen de una dirección colectiva. En lugar de soluciones reales sobre el problema de la deuda se nos ofrecen vagos tópicos y una llamativa ausencia de ideas coordinadas. En el caso español, también existe un posicionamiento político, pero las posibilidades de defenderlo han sido escasas. Si se quiere cambiar este panorama, dos son los problemas fundamentales que deben ser abordados.

Primero, los acreedores deben facilitar unos niveles de reducción de la deuda más realistas. Actualmente, los países que se encuentran bajo el marco de la HIPC pueden estar dedicando hasta una cuarta parte del total de sus ingresos por exportaciones al servicio de la deuda, lo cual está mucho más allá de su capacidad financiera. Más aún, existen reglas que definen el problema de la deuda únicamente en términos del ratio deuda/exportación, cuando lo que está impidiendo la inversión en educación y salud es la carga que la deuda supone en el gasto público. Por esta razón, Oxfam ha propuesto la introducción de un límite fiscal que impida dedicar al pago de la deuda más de un 10% de los ingresos públicos.

El segundo desafio de esta reforma es el que permita terminar con el estado de "enamoramiento" que viven la comunidad acreedora y el FMI. En la actualidad, cualquier país que espere recibir el alivio de su deuda tiene que haber completado antes todo un historial de ajuste estructural impuesto por el FMI. Ninguna de las propuestas de reforma presentadas desafían este acuerdo, y alguna, como la del Tesoro de los EEUU, pretende reforzarlo.

La continua confirmación del protagonismo del FMI supone una burla del compromiso público realizado por los acreedores para fortalecer el vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza. Designar al fondo garante de la orientación a la pobreza de la iniciativa HIPC es tanto como organizar una fiesta y dejar a Lucrecia Borgia a cargo del carrito de las bebidas. Dejando a un lado su falta de responsabilidad y transparencia, el FMI ha priorizado siempre los objetivos monetarios sobre las metas de desarrollo humano, contribuyendo en este proceso a la reducción del gasto en salud y educación, al desempleo y al aumento de la pobreza familiar.

Los potenciales beneficios de convertir la deuda en inversión para la reducción de la pobreza son enormes. El África subsahariana gasta cuatro veces más en deuda de lo que le costaría proporcionar a sus habitantes la educación primaria universal. Usando el alivio de la deuda para financiar la educación, se podría proporcionar una oportunidad real para 40 millones de niños africanos que actualmente no tienen la oportunidad de ir a la escuela primaria, ayudando a sentar las bases para una recuperación social y económica.

En lugar de insistir en el cumplimiento de los programas de ajuste del FMI, los acreedores deberían ofrecer incentivos a los países pobres que transfieran los ahorros obtenidos por el alivio de la deuda a escuelas, hospitales y suministro de agua, lo que puede suponer un cambio real en las vidas de las personas. Estos incentivos tomarían la forma de reducciones de deuda mucho más tempranas y profundas para aquellos Gobiernos que deseen hacer los compromisos necesarios, y se asegurará que éstos sean objeto de un estrecho seguimiento.

Si queremos consolidar el vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza, la relación entre la HIPC y el FMI debe terminar. Con ello no queremos decir que el FMI no tenga utilidad alguna.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional se sienta hoy sobre un patrimonio en oro de 35 billones de dólares. Al menos la mitad debería ser vendido para afrontar con esos recursos los costes adicionales que supone una iniciativa de alivio de la deuda enfocada a la pobreza.

Kevin Watkins es miembro del área de estudios de Intermón-Oxfam.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de abril de 1999

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