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Naturaleza y principio

En el Capítulo I del Libro III Del Espíritu de las Leyes distingue Montesquieu entre la "naturaleza" y el "principio" de las formas políticas, definiendo la primera como "aquello que la hace ser tal" y al segundo como "aquello que las mueve a actuar". Tal distinción, añade Montesquieu, es "de suma importancia" y de ella hay que extraer "muchas consecuencias, porque es la clave de infinidad de leyes". El conocimiento de la naturaleza de cualquier forma política es importante. Es lo que define su anatomía y lo que permite, en consecuencia, identificarla como perteneciente a un determinado tipo, por ejemplo, al Estado democrático. Pero la naturaleza dice relativamente poco sobre como opera dicha forma política, sobre como opera dicho Estado democrático. Para ello el principio resulta absolutamente indispensable.

Es evidente que para conocer un sistema político no se puede prescindir del texto constitucional. Pero no lo es menos que con el texto constitucional no basta. Tan importantes como las normas escritas, que definen su naturaleza, son las normas no escritas, que expresan su principio, y que aunque no poseen fuerza normativa, no deberían tener menos fuerza vinculante que aquellas que formalmente la tienen.

En realidad son estas últimas las que acaban suministrando la información más relevante sobre el sistema político construido a partir de la Constitución. Son los usos y convenciones que se van construyendo a partir del texto constitucional los que acaban definiendo el Estado democrático "realmente existente". Y cuanto más democrático es el Estado, más. Pues la democracia es una forma política que se caracteriza por tener muy poca naturaleza y mucho principio. Con la misma constitución las trece colonias inglesas de finales del sigloXVIII se han convertido en los Estados Unidos de hoy. Casi sin constitución Inglaterra es lo que es.

Quiere decirse que es perfectamente posible erosionar un sistema político sin tocar prácticamente para nada su "naturaleza", alterando simplemente su "principio". Formalmente el sistema político sigue siendo el mismo. Materialmente se lo va convirtiendo en algo distinto.

Algo de esto es lo que viene intentando el Gobierno y la mayoría parlamentaria del PP desde que empezó la legislatura. La ofensiva en el ámbito de los medios de comunicación, "premiando a los buenos y castigando a los malos", ha sido sin duda su forma de manifestación más extrema. Pero no ha sido la única. La negativa a responder sistemáticamente de su gestión con el argumento de que la oposición carece de legitimidad para exigir ningún tipo de explicaciones, ha vaciado de contenido el debate parlamentario. La utilización abusiva del decreto-ley incluso para aprobar tratados internacionales para los que se exige la "previa" autorización de las Cortes Generales, es algo que no se ha producido ni en los peores momentos de la experiencia italiana. La perversión del procedimiento legislativo a través de un uso ventajista del Senado. La no celebración de debates, como el que tenía lugar en el otoño en el Senado sobre el Estado de las Autonomías, por razones puramente partidistas. La posposición de debates en función de intereses electorales, como se pretende hacer este año con el debate sobre el estado de la nación, que el Gobierno quiere que se celebre tras las elecciones de junio. ¿Se dejará también para entonces la comparecencia parlamentaria del presidente para informar de la guerra con Serbia? El listado es puramente ejemplificativo. Y eso con mayoría relativa.

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