Jordi Pujol bloqueó las medidas más radicales contra la inflación previstas por el PP

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, consiguió bloquear la mayor parte de las medidas del paquete antiinflacionista que había elaborado el Ministerio de Economía y cuya versión moderada fue aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros para controlar el alza de los precios. Entre estas medidas, el Partido Popular había previsto privatizar por real decreto los servicios aeroportuarios, la ampliación del periodo de rebajas en los comercios o la eliminación del periodo transitorio para liberalizar la distribución de gas.

La negociación para que Convergència y Unió apoyara este plan de choque contra la inflación fue una de las más duras que en esta legislatura han mantenido los nacionalistas y el PP. Las tensiones alcanzaron tal magnitud que en la tarde-noche del pasado jueves el ministro de Economía, Rodrigo Rato, se vio obligado a llamar por teléfono a Pujol. La conversación fue tan tensa que el presidente de la Generalitat estuvo a punto de colgarle el teléfono al vicepresidente segundo, según fuentes próximas a los nacionalistas. El líder catalán se opuso rotundamente a algunas de las medidas, al entender que invadían las competencias de la Generalitat, (modificación de la ley del comercio minorista). En otras, el Gobierno autónomo reclamaba la gestión (aeropuertos) y sobre el resto, Pujol creía que eran demasiado radicales (Ley de Hidrocarburos).

La divergencias políticas que suscitaron estas medidas antiinflacionistas no alcanzaron sólo a los dos socios de Gobierno, sino que se extendieron al propio seno del Ejecutivo. El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, también se opuso a algunas, y en el Ministerio de Economía hubo opiniones contrapuestas entre el Secretario de Estado, Cristóbal Montoro, y su homóloga de Comercio, Elena Pisonero. Fuentes de Economía manifestaron ayer que "el Ministerio no comenta las conversaciones que tiene con sus socios, lo único que comenta son los acuerdos que ha alcanzado".

Oposición de CiU

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un paquete de medidas que afectaban a un total de ocho campos económicos y que el propio Pujol valoró como muy positivas. El PP tenía previsto modificar la Ley del Comercio Minorista para ampliar el periodo de rebajas (ahora restringido a enero y julio) no sólo para los grandes almacenes sino para todo tipo de tiendas. Además, se ampliaba el número de domingos de apertura de los establecimientos. CiU consideró que ello invadía las competencias de la Generalitat.

Los nacionalistas también se mostraron en contra de rebajar hasta el 20% el descuento que pueden aplicar los establecimientos comerciales en los libros de texto, y que ahora está limitado al 12%. Esta medida hubiera afectado negativamente, según los nacionalistas, a las cooperativas de padres de alumnos, que también suelen comercializar estos textos, y al ámbito editorial catalán.

La iniciativa que irritó más a Pujol fue la pretendida liberalización de los servicios aeroportuarios, no solo AENA sino también la compañía pública que los gestiona en tierra. El proyecto hubiera afectado, por ejemplo, a los aparcamientos, las tiendas de los aeropuertos y también a los servicios de azafatas que no pertenecen a líneas aéreas. CiU se opuso frontalmente al proyecto de Rato de aprobarlo por decreto porque, además, la Generalitat aspira a gestionar los aeropuertos.

El proyecto del PP proponía también la reducción a cero años del periodo de liberalización de los servicios de suministro de gas. CiU expresó su disconformidad y consiguió que el plazo se redujera sólo de 15 a 10 años.

Las gestiones nacionalistas lograron que la reducción del porcentaje de intermediación farmacéutica fuera sólo del 1,5% y no del 2% como quería Economía.

Por otra parte, el Grupo Socialista presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley para luchar contra la inflación que plantea, entre otras medidas, reducir las tarifas eléctricas al menos un 4%. Los socialistas proponen también la elaboración de un plan específico de liberalización del sector del transporte y otro para suelo y vivienda.