Académicos y empresarios quieren cambiar el modelo de gobierno de las universidades

La Fundación Círculo de Economía, la Fundación Bosch i Gimpera y la Universidad de Barcelona (UB) han elaborado un ambicioso estudio sobre el futuro de la universidad en el que, amén de diagnosticar los males que aquejan a esta institución a las puertas del siglo XXI, realizan una serie de propuestas que supondrían, en palabras de Josep Maria Puigsalellas, uno de sus autores, un "giro de 180 grados" sobre el modelo actual de gobierno de las universidades.

El documento, titulado Las funciones y el gobierno de las universidades públicas, fue presentado ayer en el Círculo de Economía por su presidente, Carles Tusquets; el rector de la UB, Antoni Caparrós; el presidente de su consejo social, Josep Maria Puigsalellas, y uno de sus autores, el antiguo presidente del INI Jordi Mercader. Su contenido es el resultado consensuado de las propuestas de dos comisiones creadas expresamente para elaborarlo; su finalidad es que sirva de base para el debate que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en las jornada que organizan las dos fundaciones citadas. En su elaboración han participado, entre otros, el ex rector de la Autónoma Josep Maria Vallès, el catedrático de Economía Joan Tugores; los empresarios Carles Ponsa, Josep Lluís Bonet, Antoni Vila Casas y Francesc Raventós; la secretaria de la Fundación Círculo, Rosa Nonell; el ex rector de la UB y dirigente del proyecto Universidad 2000 del Consejo de Rectores, Josep Maria Bricall; los gerentes de la Politècnica de Catalunya, Francesc Solà, y la Rovira i Virgili, Andreu Morillas, y el vicepresidente de la Fundación Círculo, Ernest Lluch. Entre las propuestas más sugerentes, destaca la que supondría reforzar el poder ejecutivo de los rectores, que no serían designados por el claustro, sino por un nuevo órgano de gobierno con más representación social que universitaria, que sería el que definiría la estrategia; aprobaría los planes plurianuales, los presupuestos y los contratos-programa. También nombraría al gerente, a propuesta del rector, y haría las evaluaciones de calidad. Como explicó ayer Puigsalellas, esto supondría que los rectores "podrían protegerse contra excesivas hipotecas estamentales", aludiendo a los intereses representados en el claustro, que pasaría a ser un órgano únicamente consultivo.