La comisión para elevar el autogobierno nace bajo el signo de la división entre partidos

La comisión para la mejora del autogobierno arrastra la cruz de la polémica desde el mismo momento en que Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) propusieron su creación. Y son los dos únicos partidos que aún mantienen fe en ella. Ayer, en el Parlament, la sesión constituyente fue el fiel reflejo de estas disputas, y un simple aspecto formal, la elección de la presidencia, que recayó en el independentista Josep Lluís Carod-Rovira, hizo estallar el enfrentamiento. En la posterior sesión de control al Ejecutivo, Jordi Pujol se ensañó con los socialistas por su acoso al consejero de Trabajo.

Tan sólo ERC y CiU confían en la comisión. Sobre todo porque son sus impulsores y porque, como fruto de este acuerdo, la presidencia ha recaído en el secretario general de los independentistas, Josep Lluís Carod-Rovira, cuando en principio le correspondía por turno al Partido Popular. Si las negociaciones parlamentarias ya fueron tensas y complejas, la primera sesión de ayer volvió a ser un reflejo de estas disputas. El PP e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) se estrenaron cuestionando la elección de Carod-Rovira como presidente de la comisión, pero tan sólo los populares votaron en contra al entender que un independentista no podía desempeñar ese cargo. La comisión nace limitada en el tiempo y en su contenido. En el tiempo porque únicamente queda un mes de periodo legislativo, y en su contenido porque todos los grupos parlamentarios, a excepción de ERC y CiU, impusieron severas condiciones para continuar los trabajos. Y además el aumento de las cotas de autogobierno es uno de los ejes principales de la campaña de CiU. Con estos precedentes, era fácil suponer que la sesión de ayer no sería un camino de rosas.El partido que tomó posiciones más duras fue IC. Su presidente, Rafael Ribó, amenazó con abandonar la comisión si no comparece el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El PP se conformaría con la presencia de algún consejero. Por su parte, el Partit dels Socialistes reclamó un debate previo sobre la gestión de CiU en materia de autogobierno. El pacto entre ERC y CiU se evidenció de nuevo cuando Carod-Rovira rechazó que se discuta la gestión del Ejecutivo de Pujol y ofreció al resto de las fuerzas políticas un debate monográfico en este sentido en el Parlament. El secretario general utilizó los mismos argumentos que Convergència, es decir, que la Cámara legislativa ya controla "cada día, cada semana y cada mes" la acción del Gobierno de la Generalitat. Y en ese control, ayer ERC hizo una pregunta para el lucimiento del presidente de la Generalitat. Con el aeropuerto de El Prat sumido en el caos, la campaña del déficit fiscal hirviendo y las irregularidades en el Departamento de Trabajo, el diputado Jordi Portabella le preguntó a Pujol sobre los productos transgénicos. Moción contra Farreres El presidente de la Generalitat, en cambio, desató su furia contra la oposición por sus continuas denuncias por corrupción contra el consejero de Trabajo a raíz del reparto de los fondos de empleo. Pujol sacó a colación el apoyo que CiU prestó al Gobierno socialista en casos como el de los GAL y Luis Roldán, e ironizó sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de archivar la denuncia del PSC contra el consejero Antoni Comas por los anuncios sobre los geriátricos. Ignasi Farreres tuvo que afrontar ayer un amago de reprobación, la tercera en lo que va de legislatura. IC-V presentó una moción para reclamar a Pujol la dimisión del consejero. Una vez más, el PP brindó su apoyo a los nacionalistas y Farreres se libró. Según el presidente de la Generalitat, no cabe exigir responsabilidades porque la política de Trabajo ha sido la correcta y la dimisión del director general de Empleo, Lluís Gavaldà, tan solo se produjo por una "coincidencia". Gavaldà era socio de Lluís Pallerols, propietario de tres academias que recibieron millonarias subvenciones del Departamento de Trabajo. PASA A LA PÁGINA 4