Un informe denuncia las condiciones de vida de los presos en cuatro cárceles de Madrid

Dice la ley que los presos tendrán un trato digno y que el fin esencial de la cárcel es proporcionar a los reclusos todos los medios para lograr su reinserción social. Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) cuestiona seriamente el cumplimiento de ese objetivo constitucional en cinco cárceles de la región (Alcalá-Meco, Soto del Real, Valdemoro, Navalcarnero y la ya cerrada de Carabanchel). El estudio, financiado en parte por Instituciones Penitenciarias, denuncia las malas condiciones de vida en estas prisiones y los fallos en la atención a los presos.

En sus visitas a estas prisiones, los equipos comisionados por APDH constataron, entre otras deficiencias, "condiciones indignas, suciedad, ausencia preceptivo del tratamiento individualizado que impone la Ley General Penitenciaria para la reinserción del interno, hijos de internas "deficientemente alimentados", cacheos con desnudos integrales que atentan contra la intimidad y consumo de drogas por doquier. Asimismo, constataron que había presos que agonizaban de sida y otros males incurables sin ser excarcelados, y que muchos internos "matan los días en el patio sin hacer absolutamente nada". El informe sobre la prisión de Valdemoro llama la atención sobre "las jaulas" que utiliza este centro "como patios" para los internos que se hallan aislados por su peligrosidad o inadaptación. Las visitas se efectuaron durante el verano de 1997 gracias a un convenio entre Derechos Humanos y la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Un portavoz de Prisiones indicó el pasado jueves que aún no tiene "constancia oficial" del informe y que, por tanto, declinaba pronunciarse sobre él.

Fuentes de la Asociación Pro Derechos Humanos lamentaron que el informe, que engloba a todas las cárceles de España, "se halla filtrado parcialmente" antes de su presentación oficial. Otras fuentes de la entidad indicaron que iba a ser presentado en pocas semanas. Para elaborarlo, la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha contado con la colaboración de distintas ONG, a las que se ha facilitado el acceso a los centros y la posibilidad de contrastar sus observaciones con los directores y funcionarios de las penitenciarías.

Fuentes sindicales matizan que el informe data de 1997 y que desde entonces han mejorado notablemente las condiciones de algunos centros. Por ejemplo, en Soto del Real. El informe revela que los talleres de esta prisión "no se usan" y que el único productivo que había, la panedería, apenas ocupaba a "diez" de los entonces cerca de 1.000 internos. El director de la cárcel de Soto, Feliciano Crelgo, matizó el jueves que, en la actualidad, funcionan todos los talleres y que ocupan "a 320 internos", que perciben sueldos de hasta 40.000 pesetas mensuales. Con todo, tres presos aislados de esta penitenciaría mantienen una huelga de hambre desde el 1 de abril para exigir que se les dispense un trato digno.

La Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas se mananifestará el miércoles para solidarizarse con estos internos. "Es necesario que el Gobierno del PP reconduzca su política penitenciaria y piense que detrás de las rejas hay personas", señala Juanma Rodríguez, portavoz de la citada coordinadora.