El TSJ avala el cierre del vertedero de Real de Montroi en contra del Consell

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana acaba de confirmar en un auto reciente, hasta que resuelva definitivamente sobre el tema, el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Real de Montroi (La Ribera Alta), decretado por el Ayuntamiento en octubre de 1997 en contra de la opinión del Consell. Asimismo, el alto tribunal ha impuesto una fianza de unos 130 millones de pesetas, es decir, la cuantía de la multa impuesta por el Consistorio a VER, SL, la empresa propietaria.

El vertedero de seguridad de Real de Montroi, el único autorizado de toda la Comunidad Valenciana para acoger residudos tóxicos y peligrosos fue cerrado por la alcaldesa, la socialista Carmen Ocaña, al entender que la empresa gestora se había excedido tanto en el número de toneladas recibidas respecto a la licencia municipal como en la extensión de las mismas instalaciones. En este sentido, un informe municipal aseguraba que las obras acometidas para la ampliación del vertedero no se ajustaban a los proyectos técnicos aprobados por el anterior alcalde. Es más, el Consistorio hasta llegó a demandar a la empresa gestora por entender que había cometido delito ecológico, pero la fiscalía del TSJ archivó el caso. Medio Ambiente, reacio Pese a todo, el Ayuntamiento mantuvo el cierre del vertedero como definitivo e impuso una sanción de 130 millones a la empresa. Sin embargo, dada la cuantía de la multa, el municipio no tenía potestad para imponerla directamente y aquélla tenía que ser ratificada por el Consell, que la desestimó sin hacer ninguna comprobación. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente, que emitió un informe contrario a la multa, siempre ha criticado el cierre del único vertedero capacitado para acoger los residuos más engorrosos, puesto que desde el cierre hay que exportarlos a otras comunidades. Una situación que ya ha provocado algunas disputas con las autonomías receptoras. Ante esta situación (un cierre de facto pero con el apoyo tácito del Consell) la empresa decidió interponer el año pasado un recurso contencioso administrativo, que todavía sigue abierto, en el que solicitaba la revocación del acto administrativo que supuso el cierre, es decir, la decisión del pleno municipal que echaba el cierre al depósito de residuos. Y el último capítulo de la historia es el auto del TSJ, fechado el pasado 15 de abril, en el que el tribunal decide sobre la suspensión cautelar de la orden aprobada en el pleno. Así, en su auto, el alto tribunal estima que el vertedero debe seguir cerrado, contradiciendo así la opinión del Consell. Peligro o pérdidas A juicio del TSJ, a la hora de valorar la petición de suspensión cautelar del cierre, prevalece la exigencia de la ejecución de éste, en aras de evitar un supuesto peligro para el medio ambiente (que todavía habrá que ser demostrado), por encima del interés de la empresa, que en efecto se ve perjudicada (pérdidas económicas) por la clausura. Por ello, el TSJ estima sólo parcialmente la demanda de la empresa, pues únicamente suspende la obligación de abonar la multa (a costa de pedir una fianza por la misma cuantía) pero ratifica cautelarmente el cierre del vertedero.