Insuficientes

EL CONJUNTO de medidas contra la inflación que aprobó ayer el Gobierno pueden resumirse en un recorte apresurado de las tarifas de los sectores regulados. Rodrigo Rato anunció ayer una rebaja adicional de la tarifa eléctrica del 1,5%, reducciones de varias tarifas telefónicas -excepto, curiosamente, de las urbanas- , un abaratamiento del 25% en los aranceles que los notarios y registradores cobran por los trámites de hipotecas, la disminución del margen mayorista farmacéutico de hasta el 1,5% y una rebaja del peaje de las autopistas (hasta el 7%). Está en estudio un recorte del precio del gas natural y de la bombona de butano de entre el 2% y el 4%. Con efecto a medio y largo plazo se prometen adelantos significativos en la fecha de liberalización del mercado eléctrico y del gas y un endurecimiento de las actuaciones en defensa de la competencia. La primera consideración es que se trata de actuaciones encaminadas a abaratar los precios de forma inmediata; pero no son reformas estructurales ni liberalizadoras que actúen para formar un mercado competitivo. El Gobierno ha mostrado capacidad de reacción al imponer estos recortes directos en los precios regulados. Pero, admitida la oportunidad y pertinencia del recorte, cabe discutir su profundidad y eficacia. Las rebajas en electricidad, telecomunicaciones, autopistas y la más etérea en gas y butano son muy inferiores a las que potencialmente recomiendan los expertos. Recuérdese que las tarifas eléctricas podían haber bajado este año hasta el 8%, según la Comisión Eléctrica; que la disminución de los tipos de interés permite rebajas de hasta el 12% en los peajes, y que en la misma línea podía bajarse el precio del butano y el gas natural. Como medidas de intervención rápida contra la inflación, su éxito dependerá de los resultados que consigan en los próximos meses. En este sentido, hay que recibirlas con cierto escepticismo. El efecto deflacionista del conjunto de rebajas estará en torno a una décima del IPC.

A la vista de la premura con que se han reducido las tarifas reguladas, hay que preguntarse por qué esta decisión se toma ahora, con una tasa de inflación del 2,2%, y no a principios de año, cuando se podía haber evitado el repunte inflacionista. De forma indirecta, se demuestra que tenían razón quienes, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmaban que era posible reducir todavía más la tarifa eléctrica, y probablemente resulta cierto que es posible reducir más el coste del teléfono o de las autopistas. Cabe todavía otra amarga reflexión: las supuestas liberalizaciones ejecutadas anteriormente eran claramente insuficientes. En el momento de la verdad, el Gobierno ha tenido que actuar directamente sobre las tarifas; los mercados de la electricidad o de las telecomunicaciones encargados de formar los precios, sencillamente no existen. Las liberalizaciones y reformas de los mercados quedan pendientes; así que en el próximo choque inflacionista el Gobierno tendrá que intervenir de nuevo directamente sobre las tarifas.