Bruselas investiga si distribuidores de Renault en Irlanda y Francia niegan la venta de coches a los británicos

Agencias

La Comisión Europea ha inspeccionado las sedes de Renault en Francia e Irlanda, sospechosas de haber dado consignas a sus concesionarios para que no vendan automóviles nuevos a los clientes británicos, según anunció ayer un portavoz comunitario. Esta actuación la ha realizado después de haber recibido información de organizaciones de consumidores británicos de que no pueden comprar coches nuevos de esa marca en Irlanda y Francia, donde son más baratos que en el Reino Unido. Unas prácticas que también podrían estar realizando los constructores alemanes Volkswagen, Mercedes-Benz y Opel.

Las investigaciones en la compañía Renault se realizaron los días 24 y 25 de marzo pasado. La dirección de la empresa automovilística difundió ayer un comunicado en el que se declara dispuesta "a aportar toda su colaboración" a la Comisión Europea en el curso de la investigación abierta sobre sus ventas, y asegura que respeta el derecho comunitario.

Desde la implantación del mercado único europeo, en el año 1993, los ciudadanos comunitarios pueden comprar coches en cualquiera de los países de la Unión Europea sin pagar derechos especiales de aduana. En los precios de los automóviles hay enormes diferencias según el país en razón de sus distintos impuestos y tasas de matriculación. Según los últimos datos comparativos sobre los precios de los coches, un Renault Laguna cuesta un 21% menos en Irlanda que en el Reino Unido.

Esta semana el Ejecutivo comunitario ha anunciado que ha abierto un procedimiento judicial contra DaimlerChrysler, bajo la sospecha de que ha denegado la venta de sus coches a ciudadanos no residentes. La Comisión ha procedido a inspeccionar la sede central de Stuttgart (Alemania), así como sus filiales en España, Bélgica y los Países Bajos.

El constructor alemán Volkswagen también fue investigado por los mismos motivos y fue obligado a pagar una multa récord de 102 millones de euros (17.000 millones de pesetas) en enero de 1998, que fue confirmada en primera instancia por el tribunal de justicia de Luxemburgo.

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