Molins no opina sobre por qué Piqué no pagó un impuesto municipal

Los motivos por los que un ciudadano -incluso un ciudadano que sea ministro, como Josep Piqué- puede dejar de pagar un impuesto municipal son tantos que Joaquim Molins, candidato a la alcaldía de Barcelona por CiU, prefirió ayer no pronunciarse sobre el hecho. Hasta siete veces evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si la actitud del ministro es ejemplar. El argumento fue siempre el mismo: Piqué tiene derecho a explicarse. La máxima concesión de Molins fue aceptar que el ministro tiene que explicar los hechos, debido a que ocupa un cargo público. Piqué ha hecho efectiva esta misma semana su deuda por varias multas y por el impuesto de circulación de varios años, después de que el impago apareciera publicado en la prensa. Molins había convocado una conferencia de prensa para explicar su modelo de reorganización de la Guardia Urbana de Barcelona, que incluía la denuncia de un hecho: sólo el 11% de las multas son abonadas por los ciudadanos. El cobro de las multas Los datos manejados por Molins señalan que la Guardia Urbana de Barcelona impone multas por un valor anual de 11.600 millones de pesetas, pero la recaudación asciende sólo a 1.300 millones. Total, explicó Molins, un desastre: el 11% del total. La actitud de la Guardia Urbana es recaudatoria y sancionadora debido a que apenas cuenta con efectivos. El resultado son muchas multas inadecuadas y revocadas por los tribunales o por los meros recursos de los ciudadanos. Uno de sus colaboradores, el actual concejal Joan Puigdollers, dijo que el ministro había pagado en el plazo estipulado, que es de cinco años. Quien está obligado a explicar su actuación, dijo Molins, es el Ayuntamiento de Barcelona, en alusión a la sospecha, lanzada por el presidente del PP de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, de que haya sido la Administración local la que haya hecho pública la deuda del ministro. Molins añadió a su reflexión sobre el modelo de la Guardia Urbana de Barcelona que el problema esencial es la falta de efectivos. En su opinión, la plantilla actual, de 2.348 agentes, tiene que incrementarse en 1.000 guardias más, todos ellos destinados a la policía de barrio, en contacto directo con el ciudadano, dijo el candidato. Esta contratación supera los máximos establecidos por la ley, hecho que podría ser modificado en los próximos presupuestos, sugirió Molins. El candidato reconoció que Piqué no hubiera podido presentarse a las elecciones municipales del próximo 13 de junio sin satisfacer la deuda. La legislación impide que sean candidatos quienes tengan deudas o contenciosos con la Administración local. A una pregunta sobre la conveniencia de que esta medida incluyera a los cargos de todas las administraciones del Estado, Molins respondió: "El legislador no lo ha querido así".