El juez ordena nuevas pruebas de los contagios de decenas de afectados

El magistrado encargado de investigar el brote de hepatitis C detectado en Valencia ha solicitado a la policía que consiga un amplio y diferente número de documentos que contribuyan a aclarar quién y cómo pudo ocasionar los contagios de más de un centenar de afectados por la masiva infección. La petición de José Manuel Ortega persigue hacer acopio de todos los indicios que refuercen su tesis: El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia sigue manteniendo que Juan Maeso es el único foco de contagio.

Ortega ha ordenado a los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía encargados del caso la práctica de varias gestiones, todas a ellas conducentes a concretar caso por caso, perjudicado por perjudicado, los detalles de las intervenciones quirúrgicas en la que los enfermos pudieron ser contagiados. Por ello, el juez insta a los funcionarios a recabar las historias clínicas de más de un centenar de afectados por el masivo contagios La policía deberá solicitar a hospitales -básicamente, la Clínica Casa de Salud-, facultativos o compañías aseguradoras "la analítica previa a la intervención sospechosa del contagio" del virus de la hepatitis C, con la intención de reunir las pruebas que certifiquen que los denunciantes fueron contagiados con motivo de una operación concreta. Además, los agentes deben conseguir los partes que concreten la "la medicación empleada en quirófano o en U.C.I. y documentación acreditativa de tóxicos empleados" durante las operaciones o el "protocolo de intervención sospechosa de contagio". Reforzar la investigación Ortega insiste, así, en su línea de investigación, que pasa por atribuir de manera provisional al anestesista imputado, Juan Maeso, la "comisión de hechos que pueden ser constitutivos de varios delitos de lesiones". De hecho, en un auto del pasado 25 de marzo, el juez apuntó, de nuevo, que a los afectados "les fueron administradas con ocasión de la actuación del señor Maeso sustancias estupefacientes o tóxicas susceptibles de autoadministración por parte del anestesista". De ahí, la solicitud del juez, que pretende tener constancia oficial de los productos utilizados durante cada intervención. Asimismo, el instructor del caso demanda que los hospitales aclaren la "identidad del anestesista" que pudo contagiar a 70 pacientes. Algunas fuentes cercanas al caso han mostrado su extrañeza por esta iniciativa, ya que la investigación se circunscribe a los casos imputables a Maeso. Sin embargo, otras apuntan que la intención del juez no es otra que la de conseguir, con carácter individual, todas las pruebas que refuercen la vinculación del anestesista con los contagios de los que le responsabiliza el magistrado.